MIENTRAS LOS DE CUELLO BLANCO ANDAN IMPUNES…

SE CRIMINALIZA LA PROTESTA

Vivimos en un mundo al revés. Basta un vistazo al número anterior del Periódico ÍNTAG: violaciones de derechos, minería ilegal, concesiones dudosas, desperdicio de fondos, obras a medias y con sobreprecio, decretos de excepción emitidos a diestra y siniestra que ponen en entredicho la democracia en el país. ¿Quién está siendo investigado o está en la cárcel por todas estas irregularidades? A todas luces, nadie. Porque estos actos son “crímenes de cuellos blanco” y puesto que sus autores, cómplices y encubridores gozan de poder político y económico, son impunes. A menos cuando meter al implicado en cana resulte en réditos políticos para un opositor.
En plena Revolución del Siglo XXI, con la primera Constitución que defiende la naturaleza y el derecho del buen vivir, lo que sí está penado en Ecuador es protestar. De hecho, y a pesar de constar como otro derecho en dicha Constitución, disentir se ha convertido en un delito tan grave que le puede costar a un pobre individuo hasta ocho años de cárcel y multas millonarias. Un total de 268 personas están siendo enjuiciadas por terrorismo, sabotaje u obstrucción de carreteras, según la hermana Elsie Monje, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).
Hasta el cansancio hemos reportado sobre casos de minería ilegal en Íntag. La empresa CECAL, por ejemplo, ha operado en la Zona durante décadas sin ni siquiera contar con permisos oficiales y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, cuando la gente en los alrededores de sus instalaciones protesta por los impactos de la actividad en su salud, su vida diaria, sus cosechas, llegan batallones de policías para proteger a la sagrada propiedad privada mientras campesinos son demandados. Sólo muy, pero muy de vez en cuando, una autoridad hará cumplir la ley, como en el caso del proyecto minero a cargo de CODELCO, denominado “Los Mandariyacos” (los consultores ni se han molestado en averiguar cómo se escribe el nombre de la Zona), donde el Ministerio del Ambiente ha rechazado el estudio de impacto ambiental por padecer de una serie de omisiones y errores. Sin duda, éste es un triunfo de la población inteña, por lo menos por el momento (ver página …).
Pero en la mayoría de casos, el Gobierno aplica el Código Penal para reprimir la resistencia. Sin embargo, la protesta no es más que una respuesta ante la indiferencia, la ignorancia y las frustraciones producidas por autoridades y funcionarios de un Gobierno que viola su propia Constitución vanguardista en temas de derechos colectivos y de la naturaleza.
Para colmo, este mismo Gobierno ha decretado más de 250 estados de excepción. Esta maniobra le da al Presidente, según la Constitución, hasta 90 días durante los cuales puede limitar o suspender los derechos ciudadanos. Y puesto que se trata de un Gobierno que ha demostrado en múltiples ocasiones que las leyes y la Carta Magna son para los de poncho, los estados de emergencia se prolongan a su antojo. Los perjuicios han sido grandes, según los analistas. Las denuncias de actos de corrupción obrados durante los estados de emergencia son muchas: entrega de recursos a dedo, compras innecesarias, procedimientos dudosos. Durante la emergencia en seguridad, por ejemplo, gastaron más de 400 millones, durante la de salud, mucho más. Ahora están destinados más de 450 millones para la emergencia del Sistema Judicial. Esta última emergencia ya les parece a muchos analistas el colmo de los colmos. ¿Qué pasa con la autonomía de las funciones del  Estado? Cómo puede la administración de justicia gozar de “independencia interna y externa … autonomía administrativa, económica y financiera”, si ya está siendo manejada abiertamente por el Ejecutivo? El artículo 168 de la Constitución quedará en papel. Mientras tanto, el Presidente se escuda tras el pueblo: el triunfo del “sí” en la Consulta Popular le da la facultad de arrogarse aún más poder.
Cuando el Ejecutivo se siente cuestionado, tacha a los cuestionadores de infantiles, corruptos, delincuentes, sicarios de tinta, lacras, mafiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los enjuicia en las cortes cuyo control ya está ejerciendo.
En cambio, frente a las denuncias de corrupción, el Presidente, lejos de ordenar que se investiguen, responde con agresividad y se justifica aduciendo persecución política. Y ¿quién responde por la evidente persecución política de los cientos de dirigentes y periodistas enjuiciados y amedrentados?
Esperamos que, al igual que con el caso de Codelco en Íntag, sea la ciudadanía organizada que abra los ojos a los asesores, consultores y burócratas para que se haga una verdadera justicia con mayor frecuencia.