No se escuchaba el acostumbrado ruido ensordecedor de las maquinas en la planta industrial de la empresa internacional Lafarge en la vía Otavalo-Selva Alegre el 24 de enero, un lunes. ¿La razón? Los moradores de las comunidades aledañas cerraron las puertas con cadenas y candados. Ese día la producción se paralizó. Decenas de moradores de las comunidades vecinas protestaron, con palos afilados, contra la contaminación del medio ambiente que ha producido la compañía y los impactos en la salud de la población. En la protesta participaron también inteños de El Quinde, La Libertad y Quinde Talacos, comunidades ubicadas en las cercanías de las minas de caliza de donde Lafarge saca la materia prima que se convierte en cemento.
Las afectaciones denunciadas por los moradores incluyen impactos en el río Quinde. Los moradores que usan el agua de esta fuente dicen que está contaminada con lodo, piedras, aceites y aguas servidas.
Geovanny Guevara, una de las personas inconformes con la forma de actuar de la empresa, lamentó que ya “estamos reclamando desde hace cuatro años. Vivimos en medio de una nube de polvo que afecta nuestra salud y nuestros cultivos”.
De la misma forma, José Perugachi, de la comunidad de El Corazón responsabilizó a Lafarge la pérdida de seis vacas que murieron por comer hierba de un pasto cubierto de cemento.
La mayoría de manifestantes no exigió el cierre de la planta y las minas sino que se tomen medidas de mitigación de los impactos y remediación de los daños.

Los acontecimientos
A las ocho de la mañana llegó la policía. Arrestaron a cinco personas y unas horas luego de su cierre, lograron abrir las puertas de la planta. Según la comisaria de Otavalo, Marianita Montalvo, el viernes anterior los manifestantes ya intentaron tomar la vía de Otavalo a Selva Alegre y luego obstaculizaron la planta. Además, aseguró la comisaria que durante la mañana del bloqueo, los manifestantes trataron de secuestrar al jefe de seguridad de la cementera, José Cazares. Según la autoridad, la empresa ya denunció a los detenidos en la Fiscalía de Otavalo.
Cerca del mediodía, la asambleísta Marisol Peñafiel y el gobernador de Imbabura, Pedro Dávila, se ofrecieron como mediadores del conflicto. La asambleísta Peñafiel constató que Lafarge sí tiene que actuar. Según ella, el Ministerio del Medio Ambiente ya pidió hace un año que la empresa presentara un plan de manejo ambiental. Además, el Ministerio realizó 16 observaciones de la planta. La idea fue encontrar soluciones a los problemas denunciados por los moradores. El 22 de diciembre Lafarge presentó una auditoria ambiental. Ahora una comisión interinstitucional está analizando la investigación.
En el próximo número del Periódico ÍNTAG reportaremos en detalle sobre los problemas expuestos por los manifestantes y la reacción de la empresa Lafarge.

Fuentes: “Las protestas contra Lafarge paralizaron la producción de cemento”, El Comercio, 25 de enero de 2011, http://www4.elcomercio.com/Negocios/las_protestas_contra__lafarge__paralizaron_la____produccion__de_cemento.aspx; “Comuneros radicalizaron medida”, La Hora, 25 de enero de 2011, http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101084278/-1/Comuneros_radicalizaron_medida.html.