La minería amenaza de nuevo la población, la biodiversidad, el agua y los bosques inteños. La empresa chilena estatal Codelco está explorando las 800 hectáreas concesionadas a Edgar Salazar, en la comunidad de El Paraíso, de la parroquia de García Moreno. La consultora Calidad Ambiental ha sido contratada para elaborar el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto denominado Mandaryucus. A fin de socializar el borrador del EIA, los consultores convocaron al pueblo a una reunión el 26 de marzo en la comunidad de El Paraíso. Entre otras noticias, las 200 personas que asistieron supieron que las autoridades locales recién se enteraron formalmente del proceso de exploración –y apenas a medias– cuatro días antes de la reunión en El Paraíso.
Hypatia Franco, facilitadora contratada por el Ministerio del Ambiente (MAE), aclaró que la reunión era para incorporar criterios y observaciones al proyecto. La agenda propuesta incluyó la participación de la autoridad ambiental y del geólogo Pedro Vélez, representante de Codelco, la intervención del equipo consultor del estudio de impacto ambiental, un foro abierto al público, el cierre de la audiencia y la firma del acta. En la agenda no constató la participación de la presidenta de la junta parroquial de García Moreno, Shisela Morales, tampoco la del teniente político, Vinicio Jácome, y peor aún, la del presidente de la comunidad de El Paraíso, pese a que estaban presentes.
 
Estudio sin conocimiento de autoridades locales
 “En la Constitución dice que el pueblo o las comunidades que van a ser afectadas tienen que ser consultadas”. Esta afirmación de la señora Morales cambió el orden del día programado por la facilitadora Franco.  Pero la representante del MAE le negó el micrófono a la principal autoridad parroquial para que se dirija al público. Así que la señora Morales habló sin micrófono.
En su intervención, la presidenta de García Moreno indicó que, a la Junta Parroquial llegó la invitación a la reunión del 25 de marzo recién el 21 de mismo mes. Señaló, además, que recibió en la misma fecha un  resumen del estudio de impacto ambiental (EIA), de unas 30 páginas, cuando a la Junta tendría que haber llegado el estudio completo. También dijo que no sólo El Paraíso sino las comunidades aledañas tenían que estar bien informadas porque serían igualmente perjudicadas por un proyecto minero, sobre todo Magdalena, cuya fuente de agua sería afectada. Asimismo, la señora Morales cuestionó la ausencia de las principales autoridades y la falta de respeto de René Bedón, apoderado de Edgar Salazar, quien en tono grosero le respondió que si quiere información, que consultara la Internet. 
“Si así empiezan, pateando la puerta, al perro y al gato, ¿qué va a pasar después? ¿Qué importa lo que diga la gente?” La presidenta, muy indignada, dijo que aunque no tiene títulos universitarios, los moradores sí tienen quién les asesore. 

Inquietudes de comunidades y organizaciones
Ramiro Bolaños, delegado del Ministerio de Ambiente de Ibarra, dijo que estaba allí para recoger los criterios de la comunidad para incorporarlos al estudio. Sin embargo no respondió a muchas de las inquietudes de los comuneros y sus respuestas a otras crearon nuevas preocupaciones.
La vicepresidenta de El Paraíso, Carmen Espinosa, le preguntó si es válido un Estudio de Impacto Ambiental que no ha sido socializado con la comunidad. No hubo respuesta. 
Silvia Quilumbango, presidenta de Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), pidió que se aclarara el vínculo entre CODELCO y el ingeniero Salazar. Según el doctor Bedón, el señor Salazar tiene una concesión de 800 hectáreas en la comunidad de El Paraíso. El convenio con la empresa chilena es que, si encuentran el mineral, la empresa entra a operar en la concesión, y si no hay nada no pasa nada, afirmó. También dijo que la empresa respeta el derecho de la naturaleza y de todas las personas, a la conservación íntegra y la restauración del ambiente. Agregó que el objetivo es lograr el desarrollo económico mediante una actividad sustentable a fin de proveer suficientes ingresos económicos para que cada uno tenga un mejor nivel de vida.

Las fases exploratorias
Por su parte, Pedro Vélez, representante de la Codelco, dijo que la empresa haría entre tres y diez perforaciones en la primera fase de exploración, para sacar las muestras y saber si hay minerales. Si los análisis arrojan resultados positivos, en la fase dos tienen previsto hacer 58 perforaciones. El tiempo estimado de la exploración es de 45 meses para hacer todas las perforaciones. Para la instalación de cada plataforma, quitarán la vegetación en un espacio de siete por siete metros. También dijo que, para evitar cualquier contaminación, se utilizará un plástico, o geomembrana. Para el trabajo de perforación llegará personal especializado, dijo, y se necesitará entre seis y ocho macheteros de la comunidad.

Amenazada el agua de Magdalena y El Paraíso
Los profesionales no tuvieron respuestas a las preguntas de los hombres y las mujeres cuyas propiedades serían afectadas por el proyecto. José Cueva, director ejecutivo del Consorcio Toisán, les planteó una serie de preguntas. Entre las inquietudes fundamentales para las cuales no los consultores no tenían respuestas fueron: la ubicación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, la localización de las fuentes de agua de El Paraíso y Magdalena, la disposición final de desechos, datos básicos sobre aguas subterráneas, la existencia de arsénico u otros minerales tóxicos en el área de estudio que contaminarían dichas aguas.
El señor Cueva indicó que, a pesar de los grandes vacíos anotados, la empresa ya tiene nueve de las 10 licencias requeridas. Entre éstas está la otorgada por la Secretaría Nacional de Agua (Senagua), pese a encontrarse dos fuentes de agua dentro de la concesión minera. Estas fuentes son utilizadas por las comunidades de El Paraíso y Magdalena Bajo.
En respuesta a estas preocupaciones, el doctor Álvaro Dueñas, otro apoderado del ingeniero Salazar, dijo que, según el artículo 26 de le Ley de Minería, se tiene que sacar diez certificaciones de diez instituciones del Estado. Las peticiones son de consulta para saber si existen problemas o no en la concesión. El MAE certificó que la concesión no afecta un bosque protector o una zona protegida, afirmó. De igual manera, los técnicos de Senagua hicieron la inspección para luego certificar que no existe ninguna fuente u ojo de agua en el área bajo estudio y, en caso de que existiera, las perforaciones o sondajes no afectarían las fuentes de agua.
En respuesta a estas afirmaciones, la señora Quilumbango indicó que, según el Mandato Minero, emitido por la Asamblea Constituyente, una causal para la reversión de una concesión minera a nivel del país es si se encuentran fuentes de agua. Recalcó que el Consejo Municipal le negó a la empresa el certificado necesario para empezar la exploración avanzada puesto que el Cantón aún no cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial ni el Plan de Desarrollo Económico. Indicó que el artículo 43 de la ordenanza que declara a Cotacachi como Cantón Ecológico prohíbe actividades que utilicen o podrían introducir al ambiente metales pesados como el mercurio, el cianuro y el arsénico. Asimismo, dentro de la concesión existe la reserva municipal Toisón. Finalmente, aclaró que los tres o diez huequitos que quieren hacer en el Paraíso sí podrían causar graves problemas en la salud. Dio como ejemplo los huequitos perforados hace 15 años por Bishimetal en Junín que siguen contaminando.
 
Más inconformidades
Vinicio Jácome, teniente político de la parroquia de García Moreno, reclamó que al hacer el EIA no tomaron en cuenta a las autoridades de la parroquia. Pidió a los comuneros que no firmen ningún documento o escrito antes de saber de que se trate. 
Por su parte, Irma Torosina, presidenta de la Asamblea de Unidad cantonal de Cotacachi, criticó la presentación demasiado técnica de los consultores y la pobre calidad de los mapas proyectados que ni los mismo técnicos pudieron leer. Tampoco estuvo de acuerdo con la sugerencia de que las autoridades locales y los moradores consulten en la internet un informe de 300 páginas para mayor información. 
El señor Cueva manifestó sus dudas en cuanto a las verdaderas intenciones de la estatal minera Codelco. Las 800 hectáreas del concesionario Salazar son sólo el inicio, dijo. Detrás hay intereses más grandes, como la mina de Junín. También lamento la falta de claridad de un estudio de impacto ambiental que no dice nada con respecto al agua subterránea o del arsénico que existe de forma abundante en estos lugares. Con todo respeto, dijo a los consultores, está mal hecho el estudio.

La minera sí tiene sus fanáticos
Entre los asistentes en la reunión se encontraban representantes de las 12 familias de El Paraíso que apoyan el proyecto y José Yanuch, morador de Manduriacos conocido como el Gringo Pepe. El señor Yanuch dio un discurso sobre las autoridades locales que han dejado a la Zona en el abandono y luego tienen la desfachatez de oponerse a un proyecto que daría trabajo.
Esta aseveración sorprendió a los asistentes que habían estado presentes horas antes, en la Asamblea Parroquial celebrada en la comunidad de Magdalena Baja, cuando el mismo Gringo Pepes felicitó a la presidenta de la Junta por su trabajo. En cuanto al proyecto minero propuesto, cabe aclarar que, según los consultores, sólo crearía de seis a ocho puestos de trabajo para gente local quienes trabajarían como macheteros, empleos que no resultarían en el desarrolle una zona. Según moradores de El Paraíso, el beneficiario directo es el señor Yanuch puesto que el personal calificado que viene de afuera para trabajar en el proyecto se hospeda y come en su casa.       
Al final de la jornada de socialización del EIA, nadie firmó el acta, como tenían previstos los consultores y representantes del concesionario y la minera Codelco. También una aclaración, en la comunidad mencionada habitan 300 personas de ellas 12 familias son las que apoyan al proyecto los Madariacus.  De estas familias de seis a ocho tendrán acceso a echar machete.