Portavoces de los movimientos anti minero e indígena denuncian nuevos intentos por parte del gobierno de Rafael Correa de criminalizar la protesta. Las autoridades investigan más de 30 personas, entre ellas, los principales líderes del movimiento indígena, por presuntos actos de terrorismo y sabotaje como resultado de su participación en las protestas relacionadas con la minería, los derechos indígenas y el proyecto de Ley de Aguas.

 

Enjuiciados por protestar la Cumbre
Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras personas fueron citadas en los días posteriores a la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) celebrada en Otavalo, en donde los derechos indígenas encabezaban el orden del día. La CONAIE organizó las protestas el 24 y 25 de junio a fin de llamar la atención a una reunión cuya meta principal era dirigirse a los derechos indígenas pero a la cual no se habían invitado representantes de las principales organizaciones indígenas del país (ver INTAG, #66, páginas 1-3).
Las protestas, en las cuales participaron miles de personas, siguieron una marcha de 11 días de la Amazonia a Quito para conmemorar el vigésimo aniversario del primer levantamiento indígena en el Ecuador. El propósito fue entregarle al presidente Evo Morales de Bolivia un comunicado, en donde expresaban su preocupación por haber sido excluidos de la Cumbre. Además, el documento detallaba su inquietud en cuanto a la insistencia del presidente Correa de seguir adelante con actividades extractivas que ponen en riesgo la vida y el sustento de las comunidades indígenas y campesinas en las cercanías de los proyectos. Al no ser recibidos por el presidente boliviano, los indígenas se reunieron en un parque cercano a la sede de la Cumbre.
Según declaraciones del abogado Mario Merlo, que se basan en la investigación preliminar que llevan a cabo las autoridades, el dirigente Santi y otros líderes son acusados de terrorismo y sabotaje por haber violado el cerco policial que protegía a los participantes en la Cumbre y porque a un policía se le perdieron sus esposas. Incrédulo que esto sería suficiente como para acusarle al indígena de terrorismo, el doctor Merlo afirmó que el propósito es intimidar y desmovilizar a las organizaciones y sus dirigentes.
Por su parte, el señor Santi afirma que el pretexto en que se basa la investigación es “ridículo”, pero participará en el juicio. Dijo, además, que existen asuntos que se tienen que debatir y que la investigación no le intimida. Las tensiones entre el Gobierno y el movimiento indígena han aumentado durante los últimos años. La nueva Ley de Aguas propuesta por el Gobierno ha sido un elemento en la disputa.
El presidente Correa acusa a los dirigentes indígenas de fomentar la violencia e insiste en que no se puede tener ués n diálogo en estas circunstancias. Mientras el presidente firmó la Declaración de Otavalo a fin de promover sociedades que respeten los derechos de los pueblos indígenas y afro-descendientes, y que ratifique su compromiso con la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas, descalifica las exigencias de la CONAIE y acusa a sus líderes de querer tumbar su Gobierno.

Más enjuiciados
El número de personas que enfrentan investigaciones por supuestas acciones delictivas ha crecido durante las últimas semanas. Además de los líderes indígenas, las autoridades acusan a unos 30 activistas y líderes comunitarios de las provincias centrales y sureñas del país de actos similares. Estas acusaciones se relacionan con los conflictos de larga data entre las empresas mineras y las comunidades opuestas a la actividad. En dos casos, los líderes enfrentan juicios por terrorismo y sabotaje en base de protestas recientes en contra de una mina de oro propuesta. Otro caso, que involucra a 20 activistas, ha sido abierto de nuevo después de haber sido archivado.
*Jennifer Moore es una periodista canadiense radicada en Cuenca. Éste es la primera parte de su artículo “A New Wave of Criminalization Against Social Movements in Ecuador”, publicado en la revista digital UpSideDownWorld el 14 de julio de 2010. Traducción por Mary Ellen Fieweger