Tres camiones con equipo de perforación entraron a la comunidad de El Paraíso el 13 de enero. Su propósito: llegar a la concesión Mandariyacus, código 401609, para hacer exploración minera. En un proceso lleno de ilegalidades, con más preguntas que respuestas, llega la empresa asegurando una minería ética y responsable. Por su parte, el alcalde Alberto Anrango, otras autoridades y moradores de la Zona se mantienen en su rechazo a la actividad minera en el Cantón. Pero el Gobierno toma pasos para contar con esos recursos y asegurar el “desarrollo” tan ansiado.

La minería, prioridad nacional
El Gobierno firmó un convenio que confirma la participación de la empresa chilena CODELCO y la Empresa Nacional Minera del Ecuador, ENAMI, para el desarrollo de la explotación minera en el país el 28 de noviembre de 2011. Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Mandariyacus en un proceso plagado de dudas. Por un lado, el Alcalde del cantón asegura no haberles otorgado el permiso de funcionamiento en la Zona. Por otro, varios moradores no creen posible que los consultores hayan solucionado los 28 puntos de conflicto en tan poco tiempo y sin participación de las comunidades que se encuentran en el área de concesión.
Sin embargo, en una reunión a fines de diciembre, el ingeniero Segundo Fuentes Director Provincial de MAE de Imbabura, anunció que la minería en la provincia va porque va. Y que el proyecto en la Zona es prioridad nacional. Afirmó, asimismo, que el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto en mención está aprobado. Otra contradicción: hasta ahora no han socializado el documento corregido en las comunidades, ni este medio no ha tenido acceso a dicho estudio, a pesar de que el ingeniero Fuentes ofreció enviarlo por correo electrónico. En cambio, el funcionario del MAE en Cuellaje, Ramiro Ayala, no respondió a nuestra solicitud digital.
La pregunta que flota entre las organizaciones de base es: ¿qué pasará con el proceso organizativo de la Zona y las alternativas de desarrollo. Lo que es más, la minería es incompatible con proyectos gubernamentales, como el de reforestación, impulsada por el MAE, y la Integración Productiva y Turística Sostenible en el Valle de Íntag, promovido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Entonces, por qué tanta insistencia. Según afirma……. en la revista Vanguardia el mineral ya está vendido. (poner cita si es posible.)
La decisión gubernamental ha producido descontento. El mismo alcalde Anrango se mantiene en su rechazo a la presencia de la empresa minera por irse en contra del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Cotacachi. Al rechazo del Alcalde se suma el de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador  (AMPDE), agrupación cuyos miembros condenaron la entrada de la minera estatal chilena CODELCO al territorio de Íntag, y a cualquier propuesta de mega minería en el país. Asimismo se ha manifestado el Partido Igualdad de Chile, cuyos integrantes han hecho llegar un boletín que dice, en parte: “Como herramienta de los pueblos, y como ciudadanas y ciudadanos chilenos, queremos manifestar nuestra profunda solidaridad con las comunidades que hoy se ven afectadas por la entrada de CODELCO en territorio ecuatoriano. Sabemos que, desde hace algunos meses, se ha comenzado ilegalmente trabajos de explotación minera en la zona de Íntag – Manduriacos, comunidad El Paraíso, sin presentar los permisos ambientales necesarios y socialmente legitimados y sin la consulta previa a las autoridades locales. Esto se da en el marco de una estrategia minera que el Ecuador viene desarrollando, que entra en conflicto con los principios del Buen Vivir consagrados constitucionalmente para este pueblo hermano. Rechazamos profundamente los acuerdos de los gobiernos de Correa y Piñera, que a espaldas de nuestros pueblos, hoy en día permiten que una empresa, supuestamente de todos los chilenos y chilenas, comience a arrasar tanto a las comunidades como a la biodiversidad del Ecuador. Sabemos de la tremenda lucha histórica que los compañeros y compañeras de las comunidades hoy día dan para preservar y defender la vida, el territorio y el agua, la cual hoy también hacemos nuestra”.

Criminalización de la protesta
Hace algunos meses los militares ya merodeaban Íntag. Al consultarles la razón de su presencia, fueron bastante imprecisos. Mencionaron la inseguridad, el control de motos robadas, el control de madera, pero nunca hablaron sobre la minería. Unos meses después, un activista anti minero fue detenido por la policía para interrogarle. Según versiones de moradores de la comunidad de El Paraíso, el sábado 14 de enero, estuvieron en el centro poblado tres patrulleros de policías que fueron alertados por el V Encuentro de los Pueblos Jóvenes e Indígenas de la Sierra Norte. Los uniformados pensaron que los jóvenes iban a ir  en contra de la minería. Pero, los jóvenes aseguraron que si tienen que protestar están muy dispuestos a la lucha, (ver página …).
La presencia de militares y la interrogación a habitantes que han manifestado abiertamente el rechazo a la actividad minera es claramente una forma de intimidación. Más aún cuando el Presidente Rafael Correa ha declarado: “Aquí vamos a desarrollar una minería social y ambientalmente responsable porque lo irresponsable es vivir sobre tremenda riqueza que nos puede sacar del subdesarrollo y no utilizarla”. Como menciona la organización Defensa y Conservación de Íntag (DECOIN), valdría la pena preguntarles al Presidente del Ecuador y a los empresarios de la CODELCO: ¿Qué está haciendo la empresa en esta joya biológica y social, y en donde la minería puede causar tal devastación ambiental?” ¿Esto se llama responsabilidad?

Fuentes:” Firma de acuerdo Codelco-Enami EP de Ecuador”, 28 de noviembre de 2011
http://www.codelco.cl/prontus_codelco/site/artic/20111128/pags/20111128122201.html;
“Y AHORA, SEÑORAS Y SEÑORES ¡CODELCO EN INTAG!”, 13 de enero 2012, www.decoin.org

 

EN LAS COMUNIDADES

CAMBIAN PRESIDENTES, DIVIDEN FAMILIAS,

HACEN Y DESHACEN

Carolina Carrión

En una elección fuera de lo común y llena de ilegalidades, Digna del Carmen Espinoza Espinoza fue separada del cargo de presidenta de la comunidad de El Paraíso. La razón: a la empresa minera no le conviene tenerla como representante de la comunidad, afirmó en una entrevista con el Periódico ÍNTAG el 19 de enero 2012. La señora Espinoza, de 27 años fue electa vicepresidenta en enero del 2011. Marco Mora era el presidente. Luego, por renuncia del señor Mora, la joven asumió el cargo en noviembre.
Explicó que tenía que convocar a elecciones para la nueva directiva en enero. Pero antes de poder hacerlo, y sin su conocimiento, aprovechando la ausencia de varios representantes de El Paraíso el sábado 14, sin previa convocatoria y sin conocimiento de las y los comuneros, el ingeniero Vinicio Hidalgo, que trabaja para la compañía, convocó a una reunión para cambiar de directiva.
La comunidad de El Paraíso, según la señora Espinoza, consta de unas 60 familias. A la reunión en mención, de la cual no hay acta ni lista de participantes, asistieron 23 personas, afirma la entrevistada. A pesar de no haber quórum, eligieron a la directiva que está compuesta por Walter Tacuri como presidente y Galo Sánchez, vicepresidente. Ambos son simpatizantes de la empresa minera.
A pesar de que el cambio de directiva se hizo en condiciones ilegales y en vista de que varios comuneros han sido amenazados, la señora Espinoza dice no estar de acuerdo de cómo procedieron para el cambio de directiva. Sin embargo, dijo, si trabajan por el bien de la comunidad, serán aceptados. El lunes 15 de enero, el teniente de García Moreno, Vinicio Jácome, convocó a una reunión para posesionar a la nueva directiva.
La señora Espinoza comenta que hay 32 personas de la comunidad que trabajan temporalmente para la empresa Sam Americana, que es una empresa subcontratada por CODELCO para hacer la exploración minera. Asimismo, asegura que su familia ha sido amenazada en varias ocasiones por pedir los documentos habilitantes para que la empresa ingrese de manera legal. Comenta que nunca han presentado a la comunidad los documentos que acrediten su legalidad, sino han tratado de confundir a los comuneros, armar conflicto y dividir.