BOLETÍN DESDE EL CHACO BOLIVIANO

LOS GUARANÍ CONTRA

EL EXTRACTIVISMO DE EVO

Uno de los argumentos que escuchamos cada sábado, durante el programa del presidente Rafael Correa, va más o menos así: “Imagínense si los bolivianos dijeran ‘no’ a la minería o la explotación de sus recursos de gas natural. Es impensable. El presidente Evo Morales sabe que tiene que explotar estos recursos, y en Bolivia lo están haciendo de manera responsable. Y los pueblos bolivianos están de acuerdo porque saben que así se generan los recursos para la educación, la salud, la vivienda, y otros bienes y servicios”.
Otro argumento que escuchamos del presidente Correa es que una verdad a medias es una mentira. Pues, el Presidente nos está mintiendo. No es impensable para los bolivianos decir ‘no’ al extractivismo. Y, como los ‘ecologistas infantiles’ e ‘indígenas fundamentalistas’ del Ecuador, existen en Bolivia grupos que creen que el agua, los bosques, los paisajes hermosos y su biodiversidad excepcional tienen una importancia y un valor muy por encima del dinero que produce la explotación de recursos no renovables en ecosistemas frágiles. A continuación, el argumento de los guaraní.

 

Una serranía en el corazón del Chaco, última formación de la cordillera de los Andes, es el parque nacional del Aguaragüe. Este paisaje hermoso, con sus montes y sus quebradas impresionantes, es el refugio de una biodiversidad excepcional, de una fauna
y flora únicas del ecosistema chaqueño. Sus vertientes corren con el líquido más precioso, el agua, que da vida a la naturaleza y a las comunidades indígenas guaraní. El agua es utilizada por los pobladores de la región para el consumo, el riego de los cultivos y la crianza del ganado.
El paraíso está amenazado, tiene heridas. Debido a las actividades humanas, el petróleo
sale desde las profundidades y chorrea sin control hacia los arroyos, penetra la tierra, contamina la vida. Para muchos, el Aguaragüe es el segundo Potosí, la legendaria zona minera. Aquí se extrae del subsuelo la riqueza del país: el gas natural.
Los pasivos ambientales cargan el aire y impregnan la tierra de un lugar que todavía sufre de las exploraciones, las explosiones y las perforaciones del pasado. Son cicatrices abiertas. Sobre el agua de los arroyos, una película aceitosa de hidrocarburos forma un arco iris, señal de contaminación. Según la Asociación de Pueblos Guaraní (APG), en el Aguaragüe habría más de 37 pozos abandonados en la mitad de bosques hermosos.

La maldita herencia del pasado
La Ley Petrolera del 24 de febrero de 1920, promulgada por el Gobierno de Bautista Saavedra, otorgaba concesiones a compañías extranjeras. La primera en entrar fue la Standard Oil, que ha dejado pozos que fueron perforados y dejados desde 1926.
Vinieron luego la Gulf Oil y muchas otras, hasta la explotación por parte de Yacimientos Petrolíferos y Fiscales Bolivianos (YPFB) en los años 70 y 80. En Sanandita se construyó una de las primeras refinerías de petróleo del país, alimentada por estos pozos que bajan a veces hasta entre 1500 y 1900 metros de profundidad. Ahora, la mayoría de los pozos están mal cerrados y continuamente causan contaminación. Pero la definición de la responsabilidad entre las transnacionales
petroleras y YPFB impidió hasta ahora que se realizaran los trabajos de remediación ambiental. Las compañías petroleras que operaban en la zona no se preocuparon de cerrar de manera definitiva los pozos petroleros o de remediar el impacto medioambiental causado: en ese tiempo no había leyes que obligaban a las empresas a asumir estas tareas. Ahora, sí: desde el 2007 existe la Ley de Hidrocarburos 3058 que “establece que los pasivos ambientales existentes en el país son responsabilidad del Estado, en cuanto a remediarlos”, explica Henry Tito, responsable de la gestión ambiental para YPFB.

Un gobierno sordo
Pero el gobierno boliviano ha tratado de minimizar el problema, no ha escuchado la voz de la gente que vive en el lugar, que enfrenta cada día los daños de los pozos abandonados. Incluso ha afirmado que la actividad petrolera no trae ninguna consecuencia y no afecta al medio ambiente, ni afectará el agua.
Hizo falta una gran marcha de más de 90 kilómetros, para que la voz de los guaraní fuera escuchada. Los pueblos indígenas weenhayek, tapiete y guaraní marcharon en abril desde Yacuiba a Villamontes, denunciando la contaminación al medio ambiente que provocan las empresas petroleras en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, y pidiéndole al presidente Evo Morales que respete sus derechos como pueblo originario y su territorio ancestral.
La determinación de los indígenas guaraní se concretizó, el mes siguiente, con un bloqueo a unos diez kilómetros de la ciudad fronteriza de Yacuiba, que conecta
el país con Argentina. La medida obedeció a la falta de respuesta gubernamental a la contaminación de los pasivos petroleros que afectan a la zona.

Primeras medidas urgentes: el cierre de dos pozos
No fue una movilización en vano. A fines de julio, el Estado anunció que YPFB evitará la contaminación del medio ambiente con medidas de contención y arreglo de válvulas
en los pozos de Sanandita. Las medidas de emergencia que se aplican en los pozos SAN X-3 y SAN X-31, considerados como pasivos ambientales heredados desde 1926, consisten en la introducción de un cerco compuesto por bolsas de tierra para evitar que la emanación superficial de crudo contamine el agua y el suelo de la región.
Las medidas de emergencia que se tomaron en estos pozos son parte de un Plan de Contingencia. También se cuenta con un Plan de Remediación Ambiental. Consiste en una cementación a nivel sub-superficial de los pozos para evitar las filtraciones de crudo y en el tratamiento de suelos contaminados.
El director nacional de medioambiente de la estatal petrolera, Mario Catari, lo confirmó:
“Tenemos el cierre definitivo de dos pozos en Sanandita y la mediación de los suelos contiguos. Es una inversión de más de tres millones de bolivianos”.

Una pausa ambiental en vez de la exploración sísmica
Sin embargo, el 10 de junio en Villamontes, el vicepresidente de YPFB, Juan José Sosa, declaró que había un avance del trabajo de la empresa Petroandina (consorcio
de YPFB, con el 60 de las acciones, y de PDVSA de Venezuela, con el 40 por ciento)
para la exploración sísmica del Aguaragüe en búsqueda de nuevas reservas de gas y petróleo en el área protegida.
La reacción fue inmediata: la APG pidió a las petroleras que no ingresen y vuelquen sus miradas a otros lugares, menos el Aguaragüe por ser el único territorio que tienen los guaraní, y exigió una pausa ambiental.
Basados en la nueva Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos que establece el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la preservación de sus culturas, los pueblos indígenas guaraní son claros al señalar que no permitirán actividades petroleras en el Parque Nacional Aguaragüe por el momento.
Los guaraní ven con preocupación la creciente destrucción del patrimonio natural de la región chaqueña. Esta situación se ve reflejada en el deterioro y contaminación de las fuentes de agua, el cambio climático y de las lluvias, la deforestación y la erosión de los suelos. Estos impactos no sólo afectan a los indígenas sino también a la población local.
Fuente: Observatorio Boliviano de Recursos Naturales, Boletín Especial, No. 1, Agosto 2010, Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local