Marcia Ramírez y los hermanos Polibio e Israel Pérez, de las comunidades de Chalguayaco Alto y Bajo, viajaron a Canadá el 23 de marzo. Les acompañó Carlos Zorrilla, director ejecutivo de Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN). El propósito: estar presentes en la primera audiencia por el juicio planteado a la Bolsa de Valores de Toronto y a los directores de Copper Mesa Mining Corporation. El bufete de abogados que sigue el caso de los inteños está  representado por Murray Klippensteins y Cory Wanless, quienes los invitaron para que el juez y el pueblo canadiense los conozca.

Charlas y reuniones con parlamentarios
Meses atrás las personas mencionadas enjuiciaron a la Bolsa de Valores por haber financiado a la empresa minera Copper Mesa Mining Corporation. La minera ha provocando desunión, atropellos y agresiones a los comuneros de Intag.
La señorita Ramírez, en una entrevista con el Periódico INTAG,  dijo que a más de estar presente en la audiencia, se dedicaron a dar charlas en algunas universidades del país. 
Asimismo, indicó que viajaron a Ottawa, capital de Canadá, para reunirse con parlamentarios a fin de que conozcan el caso. También afirmó que se reunieron con el secretario de la Embajada del Ecuador en Canadá.
La delegación inteña aprovechó su visita para pedirles a los parlamentarios que apoyen la Ley C300 que está a punto de salir a favor de las comunidades indígenas canadienses que también son atropelladas por empresa mineras (ver Periódico INTAG, #64, “Parlamentario intenta reformar la Ley Minera canadiense”, página 19). En la Ley que se quiere aprobar, según la señorita Ramírez, consta que en caso de que una empresa canadiense cometa actos violentos dentro o fuera del país, el Gobierno les retira el apoyo.
En las charlas dadas en las universidades, muchos estudiantes dijeron estar avergonzados de que empresas de su país estén violentando la paz social de las comunidades. Para muestra de los atropellos, presentaron el documental hecho por el canadiense Malcolm Rogge, Bajo Suelos Ricos.

Pero también hay canadiense que saben lo que está pasando en su mismo país y no hacen nada para ayudarles a parar estas injusticias, aseguró. La señorita Ramírez expresó su satisfacción del juicio porque fue reportada por la prensa nacional, lo que permite que más gente conozca del caso.
Además, se siente orgullosa de poder estar en esos espacios, de conocer, de sentirse parte de las experiencias con otra gente que tiene los mismos problemas.
“Nosotros estamos representando al pueblo inteño, no estamos como Israel o Polibio Pérez, ni como Marcia Ramírez. Por eso tenemos un gran responsabilidad en este juicio”, puntualizó. También hay que entender que es la primera audiencia y la parte que pierda apelará, así que el juicio no se resolverá por completo durante mucho tiempo. Finalmente, la señorita Ramírez felicita el compromiso de los abogados de llegar hasta las últimas consecuencias a tal de hacer respetar los derechos de las comunidades que enfrentan actividades mineras.

La base del juicio
En el juicio se trata el caso de los hechos de noviembre de 2006, cuando paramilitares contratados por Ascendant Copper Corporation (hoy, Copper Mesa Mining Corporation) intentaron entrar por la fuerza a la concesión de la minera. Cabe recordar que, desde que le fue otorgada la concesión en 2004, la minera intentaba seguir con la exploración del yacimiento de cobre. En múltiples ocasiones, encontraba el camino obstaculizado por los y las comuneras que a mediados de los 1990 tomó la decisión de no permitir la minería en sus fincas y bosques.
Los abogados que representan a los inteños han proporcionado pruebas de que los responsables por la violencia son los directores de la minera y los de la Bosa de Valores que tenían pleno conocimiento de las violaciones de leyes, reglamentos y códigos de ética por parte de la empresa. Desde luego, la parte afectada alega que las acusaciones no tienen fundamento. Y la Bolsa de Valores alega que como es una empresa grande es imposible controlar o acudir a los sitios donde están trabajando las empresas que constan en su lista. Sin embargo, la Bolsa de Valores fue alertada en muchas ocasiones,  por organizaciones, ONG y hasta el mismo ex alcalde Auki Tituaña quien envió una carta detallando los problemas que se podrían darse en la zona si la Bolsa siguiera financiando a la minera. Una cosa que le sorprendió a la señorita Ramírez es que el abogado de la Bolsa de Valores acusó de los actos violentos a la desaparecida Corporación de Desarrollo de García Moreno (CODEGAM). Cabe recordar que la entidad fue creada y financiada por la misma empresa minera, y dirigida por Ronald Andrade. El ex diputado se encuentra prófugo a raíz de la masacre ocurrido en una de sus haciendas en 2007, en la cual murieron personas que tenían nexos con el narcotraficante convicto Óscar Carranqui. Pero los directores de la minera se han lavaban las manos, según la señorita Ramírez, diciendo que la minera contrató a otras compañías para llevar a cabo ciertas actividades y son éstas las responsables por cualquier acto violento cometido. En conclusión, la señorita Ramírez dijo que el juez se mostró interesado en saber más del asunto porque hizo unas preguntas para tener más claro el tema. Según la inteña, el juicio podrá ayudar a mucha gente que está luchando por su derecho a vivir en un ambiente sano. También manifestó que a nivel mundial es el primer juicio que dirigentes de comunidades afectadas por actividades extractivas hacen en contra de la Bolsa de Valores. Por eso “tenemos que ser cuidadosos y responsables” porque va a quedar en la historia, afirmó.
En caso de que los inteños ganen el juicio, la Bolsa de Valores tendrá que pagar una fuerte suma de dinero. Esto servirá para pagar a los abogados que hasta el momento no están cobrando y para remediar los daños causados por la empresa, concluyó.