LEY TRIBUTARIA NO AGRADA AL PUEBLO INTEÑO 

IMPUESTO CASTIGA

A LOS AGRICULTORES

Un nuevo impuesto ha causado conmoción entre los agricultores y ganaderos de Ìntag y el valle de Los Manduriacus. El equipo del periódico ÍNTAG hizo una investigación para conocer la opinión de todos los implicados en el tema. A continuación, información del Sistema de Rentas Internas, la realidad de de las y los moradores de la zona subtropical de Cotacachi y la opinión de autoridades provinciales y parroquiales.
 
¿Cuándo se creó el impuesto y de qué se trata?
Este “nuevo” gravamen no es, realmente, una novedad. Según la página Web del Gobierno, está vigente desde el 29 de diciembre del 2007. Pero la Asamblea Constituyente ordenó la exoneración para los años 2008 y 2009. Así que entra en vigencia recién en 2010, con reformas publicadas en el Registro Oficial el 29 de diciembre pasado. Su aplicación obedece al Decreto Ejecutivo 732 del 11 de abril de 2011, o sea, otra obra del Gobierno Ciudadano.
Según la Ley, el Sistema de Rentas Internas (SRI) se involucra en el cobro de impuestos prediales. Las personas que posean más de 25 hectáreas en el sector rural, según el catastro de cada municipio, tendrán que pagar el impuesto. En la región Amazónica, en cambio, el tributo se grava sobre las 70 hectáreas. Por su parte, el Ministerio del Ambiente creó un instructivo para los casos que quedan libres de su pago.
El impuesto debe ser declarado cada año en el formulario del SRI 111. El contribuyente tendrá que pagar 9,21 dólares por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 hectáreas declaradas. En el caso de tener varios terrenos, el impuesto se cobra sobre la suma de todas las hectáreas.

¿Qué terrenos están exonerados?
Según el SRI, no tendrán que pagar el impuesto:

• tierras que están en ecosistemas de páramo, definidos por el Ministerio de Ambiente;
• terrenos ubicados en áreas de protección o reserva ecológica públicas o privadas, registradas en el organismo público correspondiente;
• inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, y demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas;
• terrenos que se encuentren en humedales y bosques naturales, calificados por la autoridad ambiental;
• terrenos que pertenecen al Estado y demás entidades que conforman el sector público, terrenos de universidades o centros de educación superior reconocidos por el Concejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), excepto las particulares autofinanciadas, en la parte que destinen para investigación o educación agropecuaria;
• inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y ecosistemas prioritarios, calificados por el Ministerio de Ambiente;
• territorios que se encuentren en la categoría de Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador (PANE), áreas protegidas de provincias o cantones, bosques privados y tierras comunitarias;
• predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de fuerza mayor o caso fortuito, justificados y certificados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que afecten gravemente el rendimiento y productividad de los mismos.

Campesinos no conformes
Sería interesante darle a los consultores y funcionarios que inventaron esta ley unas 50 hectáreas para que las trabaje, sin crédito y con impuestos, para ver si salen adelante. Esto, en palabras resumidas, es lo que dijo uno de los campesinos que el equipo del Periódico INTAG entrevistó. Representa un sentimiento compartido por agricultores, moradores y dirigentes inteños, en general. Conversamos asimismo con autoridades locales para conocer su punto de vista. Los campesinos entrevistados pidieron el anonimato.
Un morador de la parroquia de Plaza Gutiérrez dijo: El impuesto a las tierras en el área rural es mal calculado y mal fundamentado ¿Por qué se tiene que pagar impuestos por tierras que no producen?, se preguntó. No sé cómo están los técnicos preparados o en que se basan para que la Sierra, que es menos productiva, pague más que las del Oriente. Las tierras planas deberían pagar más, no menos, afirmó. Para evitar complicaciones en el pago de impuestos, las tierras no aptas para la agricultura deberían ser exoneradas de impuestos. El entrevistado aclaró: “Con esto no quiero decir que estoy en contra del Gobierno, pero los asesores andan en las nubes pensando en la plata a costa del pobre campesino. Si los impuestos son para seguir repartiendo bonos, no estoy de acuerdo. A unas personas les beneficia, a otras le ha hecho hasta vagas, porque sólo están esperando de esa plata”, afirmó. En el campo, tener más de 25 hectáreas no quiere decir que uno sea rico, aclaró. “Imagínese: si tiene el terreno y no tiene plata y aparte de esto tiene que pagar impuesto, pasaría a ser un rico pobre. En la actualidad, con tanta habilidad que están cobrando los impuestos, sólo falta que nos cobren del aire que respiramos. También hablan de exoneraciones de las tierras pero no se sabe cuál es el trámite, que hay que hacer, ni en dónde. El agricultor pide que, si hay exoneración, sea ágil, “que no sea como el plan Socio Bosque en donde le piden un montón de papeles”.
El equipo del Periódico también conversó con moradores de García Moreno. José De Coux dijo: “Eso va a promover que la gente venda más madera”. Fausto Lomas, que trabaja en Los Cedros, afirmó: “Las fincas están en venta”.
Por su parte, una mujer, que vive en El Chotal, dijo que tiene 80 hectáreas y va a regalar la tierra a sus hijos para que cada uno tenga 25 hectáreas o menos. Simplemente no puede pagar el impuesto. Si fuera un impuesto de una vez, quizás, dijo, pero cada año, “imposible”, puntualizó la agricultora.

Beneficia al agricultor, según Gobernadora
Consultamos vía telefónica con la Gobernadora de Imbabura, Gabriela Ribadenera, sobre las inconformidades que está provocando el tributo. “No hemos recibido ninguna solicitud”, dijo. Aclaró que si hubiera la necesidad, podrían dar más información y socializar el tema para buscar alternativas. En una declaración enigmática, sugirió a que los agricultores vean en el tributo una opción de mejoramiento que va en su beneficio. Apeló a mejorar la comunicación para que todos comprendan de qué se trata y qué se quiere hacer con el tributo.

Autoridades locales toman el toro por los cuernos
Los presidentes de las juntas parroquiales se manifestaron al sentir la inconformidad de los moradores. Enviaron un oficio al SRI para que revea el impuesto a las tierras rurales (ver recuadro página…). Entrevistamos al presidente de la  Junta Parroquial de Apuela, Oswal Erazo, y al presidente de la Junta Parroquial de Peñaherrera, Gustavo León, al respecto. A continuación, extractos de las entrevistas y los oficios enviados.
Según el señor Erazo, el impacto que tendrá el impuesto a las tierras rurales será preocupante. En la Zona son muchas familias que tienen terreno y no todo es cultivable. Por ejemplo, existen familias con terrenos de los cuales sólo el 30 por ciento lo cultivan porque lo demás son laderas o chaparro. Afirmó haber recibido quejas de muchos moradores de la parroquia.
La autoridad parroquial dijo, además: “En lo personal, no estoy de acuerdo. Antes debieron hacer un estudio, tanto en extensiones de tierra por familia, por sitios y también por clase económica”. Dio un ejemplo: “Los hacendados, ellos sí pueden pagar los impuestos, pero no se les puede comparar con un campesino que trabaja sólo lo que avanza a trabajar y lo que saca de los cultivos muchas veces le alcanza sólo para la alimentación de la familia”.
El impuesto tendrá graves impactos también en la seguridad alimentaria del país, según el presidente parroquial. El impuesto llevará a una disminución de la producción. Ahora salen bastantes productos de Íntag, dijo, pero dentro de unos años no los habrá y todo se tendrá que traer de otros lugares. Esto implica que los precios de los alimentos suban, que salgan los campesinos y que gente ajena a la Zona venga, afirmó el señor Erazo.
De hecho, e igual que en García Moreno, muchos campesinos han puesto sus fincas en venta por el impuesto. Hay anuncios pegados por todas partes, afirmó el señor Erazo.
Y, ¿qué va a hacer”. Los presidentes de las juntas enviaron un oficio al SRI, dijo, y esperan la respuesta. Si no la hay, “tocará tomar otras medidas, como reunir a la gente y salir a protestar”, dijo.
Por su parte, Gustavo León, presidente de la Junta Parroquial de Peñaherrera, opina que el elevado impuesto a la tierra provocará deforestación. Los agricultores buscarán la manera de ampliar sus cultivos para obtener los recursos necesarios para pagar.
Estas actividades van en contra de la declaratoria de Cantón Ecológico, pero la Ley está dejando al agricultor pocas alternativas. En este sentido, la Ley va en contra de lo que dice el Gobierno al afirmar su compromiso con la conservación de la naturaleza y, además, es injusto que los campesinos que tienen propiedades con bosques tengan que pagar por conservarlos. El economista León hizo votos para que el Ministerio del Ambiente tome cartas en el asunto y pueda certificar las propiedades que deben ser exentas del impuesto. Añadió que varios campesinos inteños se reunieron en Apuela para elaborar y enviar un documento al SRI mostrando el descontento en cuanto a la
decisión de aplicar la Ley.

Un futuro no tan alentador
Luego de conocer estas iniciativas locales, llamamos al SRI en Imbabura. Queríamos saber si ya habían tenido noticias de la inconformidad de moradores y autoridades inteñas y qué acciones tomarían. Una funcionaria del Servicio nos dio una noticia desalentadora: En primer lugar, no sabían nada del documento y tampoco de las preocupaciones de los agricultores inteños y manduriaqueños. Peor aún, aunque conociesen el documento, no podrían tomar una decisión al respecto. La funcionaría nos explicó que al ser una Ley, para hacer algún cambio, el procedimiento es bastante largo. Primero tiene que ir a la Asamblea Nacional para ser discutido y aprobado o no el cambio y, luego, el SRI puede proceder.

Fuente: http://www.sri.gov.ec/web/guest/tierras-rurales

 

MORADORES ESPERAN LA RESPUESTA DEL SRI

Los presidentes de seis juntas parroquiales inteños y varios moradores firmaron un comunicado dirigido al SRI. En el oficio describen, de forma breve, la ubicación del valle de Íntag, el potencial ambiental y la forma en que se utilizan las tierras. Por ejemplo, enfatizan la “marcada conciencia ambiental de la población” lo que la ha caracterizado, a nivel nacional e internacional, como una Zona que se preocupa por la conservación del patrimonio natural. Señalan que esto ha sido un buen impulso para la declaratoria de Cotacachi como Cantón Ecológico. Manifiestan que la agricultura y la ganadería son las principales fuentes de ingresos para los inteños.
Asimismo, los dirigentes hacen énfasis en el modelo económico impuesto en el país durante las tres últimas décadas que ha significado el empobrecimiento de las zonas rurales. El modelo ha tenido impactos negativos en las condiciones de mercado y productividad y ha resultado en la poca remuneración que reciben los agricultores. El elevado impuesto a las tierras rurales contribuye a empeorar una situación poco alentadora, según la carta. El oficio incluye una lista de las consecuencias: “expansión de la frontera agrícola, invasiones del patrimonio forestal y bosques protectores, deforestación, agricultura convencional, degradación de ecosistemas, tala y quema de bosques, erosión, pérdida de la biodiversidad, extinción de especies, baja productividad agropecuaria y migración.
En el documento, los firmantes le recuerdan al director del SRI, Carlos Marx Carrasco, que para conservar los espacios naturales del valle de Íntag, se debe promover acciones como la protección de los bosques, la sensibilización y la concientización de la población sobre la importancia del ambiente, la declaratoria de bosques protectores para promover la forestación, la reforestación y el manejo de cuencas hídricas. Manifiestan que esto promoverá un desarrollo sostenible y sustentable y con efectos positivos sobre la fertilidad del suelo, la biodiversidad, el agua y el paisaje.
Con estos argumentos, los presidentes de las seis juntas de la Zona solicitan que se reforme la Ley en los siguientes aspectos:

• Ampliar la base de hectáreas sujetos al impuesto de 25 a 70, como es el caso de la Amazonia.
• Dar las facilidades para la exoneración del pago del impuesto a los bosques existentes en las propiedades campesinas.
• Promover la forestación, la reforestación y el cuidado del patrimonio natural como compensación.