Arturo vive con su esposa y sus cuatro hijos en alguna comunidad del sector rural del Ecuador. La familia saca sus limitados recursos económicos del cultivo de fréjol, maíz y caña. Ambos le dieron el voto al presidente Correa, gratamente recompensados en los inicios de la Revolución Ciudadana por la subida del bono que recibe la esposa, la hijita última que ingresó a la guardería, los combos que hubieron hasta 2010 y el bus que pasa delante de la casa por la nueva carretera. En cuestión de vivienda, aunque ingresó la carpeta hace más de dos años, todavía guarda alguna esperanza de ver este sueño transformado en realidad. Por todo aquello, tal vez Arturo y su pequeña familia le sigan dando el voto.
O tal vez no. Porque en los últimos meses, siente que finalmente estos cambios le están costando caro, a veces muy caro. Para empezar, no entiende porque –en la escasez que vive su familia– debe pagar un impuesto a las tierras. Las 53 hectáreas de la finquita que heredó de su padre, parcialmente cultivable por muchas laderas, no son a sus ojos un signo de riqueza, por el cual deba pagar casi las dos terceras partes del bono de desarrollo humano que cobra la esposa en todo un año.
A aquello se ha ido sumando sorpresivamente aún más impuestos: el uno por ciento de impuesto a la renta que le retuvieron por primera vez en la historia al momento de vender la cosecha de fréjol en el 2010 (si bien el SRI dice que puede pedir la devolución, en realidad sólo por realizar la gestión en la ciudad, le costaría más el caldo que los huevos). Luego hay el RISE y la nueva patente municipal para no más de atender unos pocos almuerzos en el día, sin contar el valor alzado del impuesto predial.
Y no es todo. Arturo ve que algunas políticas son anunciadas con bombos y platillos en las cadenas nacionales pero callan las consecuencias nefastas que ocasionan en la vida real de los que menos tienen. Sin ir más allá, hace mes y medio, un operativo policial llegó al sector a decomisar hartas motocicletas de dudosa procedencia que habían comprado comuneros pobres, entre las cuales la de su hijo mayor. Todavía no llega a resignarse por la pérdida de los 500 dólares que valía la moto. Peor aún, al constatar que los verdaderos delincuentes involucrados en el robo y reventa no son apresados. A ellos no les llega el cambio.
Otro ejemplo es la forma en que funcionarios del gobierno en busca de licor adulterado ingresaron esta semana a los trapiches de Arturo y de sus vecinos y botaron al suelo cientos de litros de trago, echando a perder semanas de trabajo, sin ni siquiera verificar la calidad del producto: una actitud ciegamente autoritaria que genera cada vez más incomprensión.
Finalmente, otro agravio golpeó en este mismo año la confianza de Arturo en el proceso de revolución ciudadana: En el año 2010, la familia de Arturo, con gran satisfacción, había entregado su cosecha de fréjol al Programa de Provisión de Alimentos (PPA) para los combos alimenticios, a través de las ferias inclusivas del MIES. Él y la organización a la cual pertenece vieron en esta fórmula una excelente manera de mejorar los ingresos de los pequeños agricultores, gracias a precios subvencionados. Pero grande fue la sorpresa y grande la pérdida económica para cientos de productores cuando, luego de la consulta popular y contradiciendo meses de trabajo mancomunado, les fue anunciado de repente que no habría ninguna compra este año. Esta ruptura brutal de una política nacional –en pleno ciclo de cultivo– obligó a Arturo y a sus compañeros a vender su producción de frejol negro a 28 dólares el saco (por debajo del costo de producción) cuando, si hubiera sembrado la otra variedad que tradicionalmente sembraban antes del PPA, estaría entregando a 55 dólares.
Arturo es un ejemplo entre muchos de quienes se sumaron a la esperanzadora propuesta del presidente Rafael Correa, pero hoy se pregunta, amargamente: ¿Hacia dónde avanza la Revolución Ciudadana?