En la madrugada del 28 de junio, el general Romeo Vásquez Velásquez, egresado de la infame Escuela de las Américas, dirigió a un grupo de unos cien soldados a la casa del entonces presidente hondureño Manuel Zelaya. Lo secuestraron a punta de pistola y lo obligaron al jefe de Estado, aún en su piyama, a abordar un avión rumbo a Costa Rica.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y líderes de toda América Latina condenaron el golpe de estado. Por su parte, el presidente estadounidense Barack Obama criticó, de forma poco contundente el acontecimiento: “Me preocupan profundamente la información que hemos recibido de Honduras respecto a la detención y expulsión del presidente Manuel Zelaya. Hago un llamado a todos los actores políticos y sociales hondureños a que respeten las normas de la democracia, el estado de derecho y los principios del Convenio Interamericano sobre la Democracia. Cualquier tensión o disputa que exista se tiene que resolver de manera pacífica mediante el diálogo sin la inherencia de elementos externos”.

Represión a opositores
El régimen de facto, encabezado por Roberto Michelletti (ex presidente del Senado), utilizó las Fuerzas Armadas y la policía para llevar a cabo una campaña de terror en contra de los opositores del golpe; ésta incluyó el cierre de medios de comunicación y la detención, asesinato, tortura y desaparición de integrantes del movimiento masivo pro-democracia. Esto no debería haber sorprendido al consejero de seguridad Fernando “Billy” Joya, un ex miembro del Batallón 316, el notorio escuadrón de muerte de los primero años de la década de los 1980.
La violencia y represión siguieron antes y después de los comicios del 29 de noviembre. Triunfó el candidato conservador Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, quien se posesionará como el nuevo jefe de estado el 27 de enero. Por el momento, sólo Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá y, sorpresivamente, El Salvador, han reconocido oficialmente los resultados de la elección y se espera que Canadá lo haga dentro de poco.

Motivos de los golpistas
Los “delitos” del presidente Zelaya incluyen: el alza del 60 por ciento en el sueldo mínimo, una fuerte inversión en programas de bienestar social y proyectos de infraestructura, su adhesión a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y la firma de un acuerdo con Petrocaribe, de Venezuela, que provee combustible de bajo costo a una de las naciones más pobres del hemisferio. Pero según los involucrados en el golpe de estado y sus portavoces, quienes incluyen a Lanny Davis, ex consejero legal del entonces presidente Bill Clinton y portavoz para la campaña presidencial de la secretaria de Estado Hillary Clinton, el presidente Zelaya es un demagogo que codiciaba el poder y también un favorito del presidente venezolano Hugo Chávez. ¿La prueba? Dicen que violó la Constitución hondureña cuando intentó reformarla a fin de extender su período como presidente de la nación centroamericana.
Esto es falso.
Lo que hizo Zelaya era proponer una especie de encuesta para medir el apoyo del pueblo para la inclusión de una pregunta en la papeleta de noviembre, sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. Zelaya no constaba en la papeleta como candidato presidencial puesto que la Constitución no permite un segundo período. Lo irónico de todo esto es que en 1985, Micheletti, en ese entonces senador, intentó reformar la Constitución para extender el período de Roberto Suazo Córdova. De todas maneras, la propuesta de Zelaya fue legal.

Escuchó al pueblo
Adrienne Pine, investigadora principal para el Consejo de Asuntos Hemisféricos y autora de un libro sobre la violencia en Honduras, desmiente la acusación de los golpistas, en el sentido de que Zelaya es un títere de Chávez. Es más centrista en su ideología, afirma. Indicó, además, que la entrada de Honduras en ALBA fue aprobada por Micheletti y la mayoría del Senado y dijo, asimismo, que Zelaya firmó el Acuerdo de Libre Comercio de Centro América (ALCCA), un convenio criticado por la gran parte de centroamericanos, y también la Iniciativa de Mérida.
Pero la verdadera amenaza a la oligarquía hondureña fue el apoyo de Zelaya para una asamblea constituyente, una medida favorecida por la población y que podría resultar en una Carta Magna progresista, dando lugar a una democracia participativa y empoderando a los segmentos tradicionalmente marginados de la población, esto es, una Constitución similar a las elaboradas en Ecuador, Bolivia y Venezuela.
“Zelaya hizo algo que las élites hondureñas nunca han hecho. Escuchó al pueblo”, dijo Pine. “Los procesos en marcha en Honduras eran específicamente hondureños, relacionados con las reivindicaciones de las clases populares hondureñas, quienes querían una reforma de la mal elaborada Constitución”.
En diciembre, la revista Time publicó un artículo sobre la reacción del Gobierno de Obama al golpe de estado hondureño, bajo el título: “La política latinoamericana de Obama se parece mucho a la de Bush”. Pero también se podría argüir que la política de Obama para la región también se parece a la de Ronald Reagan, o la de John F. Kennedy o la del presidente James Monroe, autor de la Doctrina Monroe, un documento que declara a Latinoamérica el “patio trasero” de Estados Unidos.
Grahame Russell, co director de Rights Action (Acción sobre Derechos), explicó que el golpe en Honduras, dentro del contexto de la historia de la región, es “un cambio de gobierno ilegal más, planificado y llevado a cabo por las élite pudientes de Honduras, las Fuerzas Armadas y con el apoyo abierto o disimulado de una gama de otros sectores ricos y poderosos de las Américas, sobre todo, el papel desempeñado por Estados Unidos”.
Rights Action financia proyectos de desarrollo comunitario y ambientales, más los dirigidos a los derechos humanos y emergencias en América Central, y también lleva a cabo actividades de educación y activismo en América del Norte para llamar la atención del pueblo a la explotación, represión, destrucción ambiental y racismo que existen en estos países.
“Obama es un presidente más de Estados Unidos que no está cambiando, de manera fundamental, el molde histórico de presidentes, tanto los Demócratas como los Republicanos, del papel jugado por Estados Unidos”, añadió Russell. “Lo que hace Estados Unidos, aparte del discurso, es apoyar a gobiernos y movimientos con los que está de acuerdo en términos ideológicos (definido, principalmente, por sus políticas económicas) y busca la forma de apoyarlos, trabajar con ellos, mientras los legitima con los argumentos que sean necesarios”, utilizando, en muchos casos, el discurso de la “democracia”, la “libertad” y los “derechos humanos”, aún cuando sea obvio que estos ideales están siendo atacados y reprimidos con violencia.
Pine, quien es, además, profesor de antropología en la Universidad Americana en Washington, D.C., cree que la forma en que el Gobierno de Obama manejó el golpe da luz verde a los movimientos represivos y antidemocráticos en toda la región, indicándoles que se pueden llevar a cabo acciones similares en otros países. Notó cómo el Gobierno de Obama nunca condenó las miles de violaciones de derechos humanos perpetuadas por el régimen golpista y documentadas por numerosas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Esto explica por qué los activistas a favor de la democracia siguen siendo atacados y asesinados.
“Esto crea un precedente pésimo y todo el mundo, de la derecha y de la izquierda, lo sabe”, dijo Pine. “Desde este momento en adelante, si a una oligarquía de cualquier país no le gusta las tendencias progresistas de su jefe de estado, hasta las más tentativas, sólo tiene que derrocarlo, convocar a elecciones y ahí está: una democracia certificada por Estados Unidos.
*Periodista y editor de Upsidedownworld, un periódico digital que ofrece noticias sobre la política y el activismo en América Latina. También es miembro de la directiva del Canary Institute.