La empresa minera CECAL todavía no llega a acuerdos con la comunidad de Barcelona pese a la intervención de los ministerios. Durante unos siete meses los comuneros se han quejado de los problemas que causa la minera y, sobre todo, cuestionan su legalidad (ver INTAG, #67, páginas 1-3). Con la finalidad de salir de este impase, han hecho inspecciones los ministerios del Ambiente, Recursos Naturales No Renovables y Trabajo. El Ministerio del Ambiente (MAE) elaboró dos informes, el segundo después de recibir críticas en cuanto a supuestas irregularidades en el primero. Pero los problemas ya no son sólo entre la empresa y la comunidad. Ahora, los presidentes de ocho comunidades de la Parroquia Selva Alegre han expresado su respaldo a la empresa. Mientras tanto, ocho personas enfrentan un juicio levantado por la empresa CECAL, acusadas de asociación ilícita.
Edgar Erazo, presidente de la comunidad de Barcelona, dio detalles sobre la problemática el 13 de octubre en una entrevista con el Periódico ÍNTAG.

 

 
Dos informes para un solo caso
Según el señor Erazo, el sociólogo Ricardo Obando, autor del primer informe no estaba a favor ni de la empresa ni de la comunidad, sino redactó un informe apegado a la realidad, lo que no era del agrado de la empresa. Este documento señala, entre otros problemas, el mal estado de las trampas de aceite, el polvorín ubicado junto a una vivienda y a pocos metros de un tanque de combustible, el manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos que incluye la falta de clasificación de la basura en desechos orgánicos e inorgánicos, la explotación mediante un método “inadecuado por la fuerte erosión de los flancos naturales” y que presenta “un riesgo para los trabajadores que se encuentren en las cotas bajas, además de generar un impacto visual”, la falta de bermas de seguridad lo que conlleva al deslizamiento de material a la quebrada, la falta de “cunetas de drenaje por lo que las aguas y sedimentos en época de lluvia podrían afectar a terrenos o a las quebradas”. Además de estos problemas, de carácter técnico, el sociólogo señaló una serie de impactos en la comunidad. Por un lado, está el incumplimiento de obras de lastrado y construcción de guardería y el secamiento de ojos de agua, “situación que ha motivado a que la gente venda sus tierras”, según denuncias presentadas por la comunidad. Por otro lado, “uno de los aspectos críticos”, según el sociólogo, es el hecho de que “por el filo de mina pasa el camino vecinal que comunica a las fincas ubicadas en el sector nor-oriente de la concesión” y “la presencia de una cadena y garita de guardianía en la zona de ingreso a la mina”. El perito califica el camino “de servicio público” e indica que no existe una vía de acceso alternativa, y que es por esto que “la comunidad siente que se coarta su derecho a libre tránsito y circulación”. Otro problema son los deslaves que suelen “llegar hasta el río” durante lluvias fuertes. Afirma, además, que “se evidencia tensión en las relaciones (…) entre la gente de la comunidad, e incluso entre los mismos trabajadores de la empresa” y concluye que “el mal manejo comunitario de la empresa ha incidido negativamente en la cohesión social de las comunidades de las zonas aledañas”.
El señor Erazo dijo que el informe citado toma en cuenta la apreciación del técnico de la Dirección Provincial de Imbabura, ingeniero XXX Encalada, y del director provincial, el ingeniero Segundo Fuentes. Pero este documento, con fecha del 21 de junio, no le agradó al gerente general de la CECAL, Diego Calisto, dijo el dirigente.  Es por eso que el MAE designó a otro equipo de técnicos para hacer una nueva inspección y redactar el segundo informe del 18 de agosto. En éste, afirma el señor Erazo, tanto las apreciaciones del técnico como del director provincial ya no existen. “Como la empresa ya tuvo anticipación, lo maquilló”, sentenció el señor Erazo. Frente a este hecho, la comunidad ha solicitado una “medida cautelar” en los respectivos ministerios, argumentando que el segundo informe está sesgado a favor de la empresa CECAL.

Informe sin sanciones ni fecha de cumplimiento
En cuanto al informe emitido por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el señor Erazo considera que es apegado a la realidad de los problemas que ha causado la empresa. Lo que es más, en la presencia de los técnicos, un funcionario de la minera dijo que van a corregir los errores y seguir las recomendaciones que los ministerios ordenen. Sin embargo, el señor Erazo asegura que no consta en el informe las sanciones si la empresa no cumple con lo que determina el Ministerio. Tampoco hay fecha para que cumpla con las recomendaciones, excepto los casos que son de cumplimiento inmediato. Este hecho les preocupa a los comuneros porque la empresa, durante sus años de trabajo, ha hecho “lo que le da la gana”.

No hay reglamentos de trabajo, seguridad e higiene
Gabriela Báez, del Ministerio de Trabajo de la Dirección Provincial de Imbabura, hizo otra inspección. Mientras la empresa afirma tener reglamento de trabajo, la inspectora Báez, en su informe del 27 de agosto, afirma: “No poseen Reglamento Interno de Trabajo”. Además, indicó el señor Erazo que los trabajadores no pueden pedir que la empresa cumpla con las disposiciones legales, como la afiliación al Seguro, porque son intimidados.
El presidente de la comunidad de Barcelona dijo que los comuneros insistirán en la cancelación de la concesión de CECAL si ésta no levanta las denuncias en contra de varios comuneros. La decisión también se debe a los atropellos y a la criminalización de la comunidad y de sus dirigentes por parte de la empresa.
Además, existen más causales para la caducidad de la concesión. Hizo referencia el dirigente al discurso del Gobierno Central en cuanto a la explotación minera. Según el presidente Correa, “La minería puede darse siempre y cuando las empresas cumplan con todo lo que dispone la ley, respetando el medio ambiente, las fuentes de agua y el buen vivir, cosas que la empresa no ha cumplido en Barcelona”, según el señor Erazo.
Después de los informes, si la empresa cumple con todo lo establecido por los ministerios, el señor Erazo afirma que la comunidad tendrá que apegarse a las disposiciones. Los comuneros podrían entrar en un diálogo con la empresa si ésta cumple con los acuerdos firmados con la comunidad, la remediación ambiental, la recuperación de fuentes de agua y el derecho al trabajo y a las obras comunitarias.

Presidentes de comunidades respaldan a CECAL
Ocho presidentes de las comunidades de Selva Alegre firmaron una carta en respaldo a la empresa CECAL. Según el documento, con fecha del 12 de septiembre, los presidentes se reunieron el 7 del mismo mes con un representante de la minera. En la fecha indicada, los reunidos analizaron los informes elaborados por los ministerios gubernamentales. Los presidentes manifiestan que no apoyan el paro, como demostrado en dos asambleas parroquiales, porque es ilegal y basado en intereses económicos personales. Acuerdan que los beneficios de la empresa deben ser repartidos de forma equitativa entre todas las comunidades, como estipula la Ley Minera y la Constitución. Prohíben a los dirigentes del paro en Barcelona solicitar respaldo de otras comunidades porque éstas van a crear caos en un lugar pacífico y, de no apegarse a esta resolución, las comunidades tomarán las respectivas medidas. Piden además que se deje operar a la empresa y trabajar con los proyectos de desarrollo social que impulsa en las comunidades. Finalmente, invitan a una asamblea donde estén todos los actores para llegar a acuerdos que vayan enfocados al desarrollo colectivo de la Parroquia.
El señor Erazo afirma que no fue invitado a la reunión de presidentes de la Parroquia para tomar la decisión y firmar el documento. Dice, además, que los presidentes firmaron el documento en el campamento de la CECAL sin previa socialización en sus respectivas comunidades. Considera que tiene todo el derecho de solicitar ayuda a las demás comunidades de la Zona. Asegura que los informes elaborados por los ministerios le dan la razón a la comunidad porque está en el derecho de protestar y denunciar los desastres que ha ocasionado la minera. Según el señor Erazo, la carta de respaldo a la empresa es manipulada por el vocal de la junta, Nelson Troya, y tergiversa información de los informes citados. El presidente de Barcelona convocó a una reunión a los demás dirigentes para darles a conocer la realidad pero no acudieron. Lamenta que se dejen manipular. La empresa sigue sobornando al resto de comunidades con “migajas”, dijo, y añadió que ésa es la razón para que surjan versiones en contra de Barcelona.
El señor Erazo aprovechó la entrevista para agradecer el apoyo, en nombre de la comunidad de Barcelona, al resto de comunidades de la zona de Íntag, al Consorcio Toisán y demás organizaciones y personas que apoyan la conservación del medio ambiente por una mejor forma de vida de la gente de la Zona.

CECAL acusa a líderes de “asociación ilícita”
Ocho son las personas que enfrentan un juicio por oponerse a la explotación de la piedra caliza por la empresa CECAL. La doctora Sofía Figueroa defiende a los líderes, que son acusados por reclamar a la empresa el incumplimiento de requisitos legales.
La minera inició una investigación contra los comuneros de Barcelona por delito de asociación ilícita, dijo la doctora Figueroa al Periódico ÍNTAG el 29 de octubre. Según la Ley, la asociación ilícita se forma con el fin de atentar contra las personas o la propiedad. La abogada insiste en que no existe violación de la ley porque no ha habido asociación ilícita: “Los comuneros no atentaron contra las personas ni contra propiedades”, cuestión que fue verificada en una investigación por parte del fiscal. Afirma que con las acusaciones quieren criminalizar la resistencia ciudadana. Asegura que surgen estas movilizaciones porque la gente ya no cree en la justicia.
La doctora Figueroa dijo que la acusación llegó al fiscal del cantón Otavalo, Leonardo Narváez, responsable de la investigación. El funcionario, en siete hojas, sustentó de manera jurídica y doctrinal las razones por las cuales se debe desestimar la indagación. Según la doctora Figueroa, cuando el proceso llegó al Juez Tercero de Garantías Penales de Imbabura, el juez rechazó el pedido de la fiscalía de Otavalo “exactamente en tres líneas”. Además, el juez solicita que se designe otro fiscal para que continúe con la investigación.
Frente a esta decisión judicial, la doctora solicitó que el juez dé las razones por sus decisiones, como exige la norma constitucional. Afirmó que, en respuesta a este pedido legítimo, el juez sancionó a cada uno de los acusados con una multa de tres salarios mínimos vitales, esto es, unos cinco o seis mil dólares en total.  
La abogada defensora presentará el caso a la Corte de Justicia. Basará su argumento en la obligación de los jueces o funcionarios públicos de fundamentar sus decisiones, y de hacerles a los ciudadanos conocer el fundamento. Aseguró que la decisión del juez no deja claro por qué considera que el fiscal se equivocó y que es necesario que se siga la investigación sobre el delito de asociación ilícita contra líderes de la comunidad. Según la doctora, esto es ilegal. Las personas acusadas lo que están haciendo es defender los derechos de un nuevo sujeto de derecho en la sociedad que es el medio ambiente.
La doctora también recordó la intervención de la Defensoría del Pueblo de Imbabura en el conflicto entre la minera CECAL y la comunidad de Barcelona. Dijo que la entidad coincidió con los argumentos del Fiscal de Otavalo y que el juez omitió este razonamiento.
Existen presiones políticas, dijo la doctora Figueroa, y mostró evidencias como la renuncia del gobernador Luis Salazar. Según la doctora Figueroa, las declaraciones del licenciado Salazar en la prensa fueron muy claras en afirmar que su renuncia era irrevocable a raíz del problema de CECAL y que él no creía en la violencia sino en el diálogo. Dijo que los hechos daban a entender que él era objeto de presiones de algún funcionario de alto nivel. Asimismo, dijo que por el caso CECAL varios intendentes han sido removidos de su cargo.
Los que nos representan en los poderes de administración de justicia deben reflexionar sobre la aplicación de la Constitución en un Estado que consagre el buen vivir, dijo la doctora. Manifestó que esto demanda una armonía entre el medio ambiente y el ser humano. Sin embargo, dijo, estas decisiones se contraponen al modelo de desarrollo sustentable y sostenible plasmado en la Constitución.
Finalmente, la doctora Figueroa indicó que las personas que respaldan a la empresa están emitiendo un mensaje a sus hijos, y que deben preguntarse: “¿Qué preferimos, el dinero que se acabará o la naturaleza, que es nuestro hábitat?”