Veinte y tres años opera la empresa minera CECAL en la comunidad de Barcelona. Según los moradores, los beneficios han sido pocos, los daños muchos y, para colmo, la minera no tiene los permisos requeridos para esta actividad. El dueño de la empresa, por su parte, dice que esto es falso, que todo está en orden, que la medida de hecho tomada por los moradores hace cinco meses se debe a caprichos y resentimientos. El drama llegó a su clímax el 29 de julio cuando llegó la policía a la mina para despejar la vía. Cayeron presos tres moradores de Barcelona, entre ellos, el presidente de la comunidad. También asomaron funcionarios del Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales no Renovables para, por fin, hacer una inspección.
El Periódico INTAG entrevistó a los actores en este conflicto durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre. A continuación, los puntos de vista, tanto de los comuneros y las autoridades como del dueño de la minera.

Centenares de uniformados
Varios testigos reportaron a este medio que unos 250 uniformados participaron en el operativo del 29 de julio. Detuvieron a Edgar Erazo, presidente de Barcelona, y Rubén Flores y Luis Narváez, moradores de la comunidad. Según Elsa Gómez, otra moradora, ésta fue algo así como la décima llegada de la policía a fin de desbloquear el camino que la comunidad había mantenido obstaculizado desde hace cinco meses.
La señora Gómez afirma que los comuneros se oponen a la explotación de la mina porque los propietarios no tienen los documentos legales para hacerlo. De hecho, tanto el señor Erazo como Vladimir Santander, presidente de la Junta Parroquial de Selva Alegre, en donde se ubica la concesión de la CECAL, afirman que lo que falta son la licencia ambiental y los planes de manejo y de mitigación, requerimientos para llevar a cabo la minería.

 

Comuneros indignados
La señora Gómez dijo que en el operativo del 29 de julio, los comuneros pusieron resistencia cuando los miembros de la policía les iban presionando, afirmando que si no abrían el paso serían arrestados. Algunos trabajadores de la empresa señalaron a los dirigentes para que fueran detenidos. La señora Gómez afirma que personas de la comunidad que trabajan para la CECAL la apoyan.
La comunidad no ha tenido ningún beneficio por parte de la empresa, aseguró la señora Gómez, sino perjuicios durante los veinte y tres años que ha operado. “Nos estamos quedando sin fuentes de agua que es la parte más vital para la vida”, afirma la moradora de Barcelona.
Eduardo Pavón, otro comunero, ofreció detalles sobre la observación de su vecina: antes existían tres quebradas bastante caudalosas, dijo, mientras ahora “no hay ni para que tome un pájaro”. Indicó, además, que a dos habitantes cerca de la mina les “hicieron despechar” porque les botaban los desechos del baño y de la lavandería a la vertiente de la que consumían el agua. Los propietarios finalmente vendieron las tierras a la misma empresa que “les pagó a precio de huevo”. En las demás propiedades, los trabajadores botan la piedra encima de los alambrados y los árboles, expresó el morador.
Asimismo están los daños a los cultivos que los comuneros atribuyen a la empresa. El señor Pavón afirmó: “Antes, mata que sembrábamos mata que cosechábamos pero ahora, ya no”. Manifestó que el propietario de la mina les asegura que lo que bota la empresa es cal, un abono. Añade que, a simple vista, los desechos no parecen contaminación pero sí lo son.
Otro problema, afirmó, es el polvo que tienen que tragar permanentemente, por lo que sus hijos, quienes siempre vivían sanos, ahora se enferman a cada rato. El señor Erazo ofreció más detalles sobre este punto. Las volquetas comienzan a circular desde las tres de la madrugada, dice el dirigente, y continúan hasta las altas horas de la noche. Los niños de la escuela y las madres embarazadas son las personas que más sufren de la constante contaminación y el ruido.
Encima de estos problemas, el señor Pavón aseguró que la empresa ha cerrado con cadena y candado y un rótulo que dice ‘Propiedad privada’ dos caminos antiguos que la comunidad siempre ha transitado. A este punto también se dirigió el presidente de la comunidad. El señor Erazo afirmó que estos son caminos públicos que utilizan 12 comunidades más los finqueros que a diario circulan a sacar leche o a trabajar en sus fincas.
Además, los trabajadores botan la piedra al camino, convirtiéndolo en un peligro para los moradores que lo utilizan. El señor Pavón insiste en que ha sufrido en carne propia los problemas que se deben a la presencia de la minera: en una ocasión las mulas se espantaron y una de sus hijas cayó al suelo y se rompió la frente y, en otra, cuando su esposa estaba embarazada se cayó y ahora la niña necesita una operación. “Ahora no tengo dinero para operarle porque cuesta como cinco mil dólares”, dijo.
También existe malestar por el pésimo trato que reciben los trabajadores de la CECAL. Según la señora Gómez, siete miembros de la comunidad trabajan en la mina, entre ellos, su esposo quien entró hace 23 años. La atención es mala, dijo, especialmente en la comida. Además, el día del operativo los ingenieros de la empresa culparon a los trabajadores por la medida tomada por los comuneros.
El cierre de la mina no les asusta a los moradores, afirmó la señora Gómez. Dijo que volverán a ser agricultores y añadió: “No sólo de la mina se va a vivir y, además, lo poco que pagan no alcanza”.
Por estos motivos, los moradores dicen que le han enviado varios oficios solicitando una reunión con el propietario de la mina pero que éste nunca ha accedido a las citas. “Él se nos ha burlado siempre”, dijo la misma fuente. Incluso les llamó a los comuneros para reunirse en Quito y éstos fueron pero tampoco se apareció. Afirmó que si el propietario hubiera dialogado y presentado los documentos, los comuneros le hubieran dejado que siga trabajando.
Otro motivo para la indignación de los moradores es el apoyo a la empresa que perciben por parte de las autoridades parroquiales. Incluso se reúnen con los dueños de la empresa, afirmó la señora Gómez.  Ahora, dijo, “Nuestra decisión es que se cierre la mina”. Y el señor Pavón afirmó: “Nosotros no somos terroristas somos unos simples campesinos”.

Versión del dueño de la minera
Diego Calisto, propietario de la CECAL, conversó con el Periódico INTAG el 12 de agosto. Afirmó que diez de las 11 comunidades de la parroquia Selva Alegre “pretenden o quieren que la mina continúe” y sólo una parte de la comunidad de Barcelona quiere su cierre. Esto manifestaron los comuneros en una reunión el 11 de agosto en Otavalo, según el señor Calisto.
En cuanto a la legalidad de sus operaciones, la empresa CECAL se encuentra en orden total, insiste. Dijo que tiene el permiso de explotación otorgado por el Ministerio de Recursos Naturales, que ha entregado los Términos de Referencia que requiere la nueva Ley Ambiental, aprobados por el Ministerio del Ambiente. Afirma, en resumen, lo siguiente: “La empresa se encuentra en orden con los ministerios dentro del proceso de obtención de la licencia ambiental”.
Entonces, ¿por qué no les ha entregado la empresa los documentos solicitados por los comuneros de Barcelona? Según el señor Calisto, la empresa le envió a la autoridad parroquial la documentación que los comuneros pedían puesto que es esta la instancia encargada para dar a quién solicite ese tipo de información.
La empresa trabaja en Selva Alegre desde 1987, según el señor Calisto. Aseguró que el titulo minero que le ha concedido el Ministerio de Recursos Naturales en mayo le da derecho para seguir explotando la mina 21 años más.
También respondió a las otras quejas de la comunidad. El señor Calisto afirmó que es falso que las volquetas bloqueen vías. Lo que ha hecho la empresa es tratar de “precautelar que no pasen accidentes”, pero que no existen cadenas para impedir el paso. En cuanto a las fuentes de agua, no han sido tocadas, insiste el empresario: “El agua siempre va a estar ahí en la zona y se va hacia los ríos”, afirmó, y añadió que “puede ser que el agua esté saliendo por distintos lugares, nada más”.
El señor Calisto aseguró que la comunidad sí se beneficia de la mina, de múltiples maneras: la Junta Parroquial se beneficia de las regalías que paga la empresa, esto es, el 60 por ciento va a las comunidades a través de la Junta Parroquial. Inclusive, dijo, una “parte de las utilidades de los trabajadores va destinada para la Junta”. Lo que es más, el 96 por ciento de los 26 a 28 personas que trabajan en la mina es de la parroquia Selva Alegre y el 50 por ciento es de la comunidad de Barcelona. “Soy una fuente de trabajo”, dijo.
La verdadera razón por el descontento de la comunidad viene de personas que persiguen beneficios particulares, dijo el empresario. Se refirió a la compañía de transporte Trans Barcelona, cuyos socios le exigieron por escrito a la empresa el cien por ciento del transporte de la piedra caliza. Dijo que ellos querían operar como contratistas bajo el sistema de la “imposición y el chantaje”. Afirmó que la empresa decidió no aceptar la imposición y que los beneficios tienen que ser comunitarios. Por eso, manifestó, los señores de la empresa Trans Barcelona se tomaron la mina y el campamento, hicieron daño a la maquinaria y equipo, amenazaron e impidieron que trabaje la gente.
¿Quiénes son las entidades que deben solucionar los problemas entre la comunidad y la CECAL? El señor Calisto dijo que la empresa sólo puede apegarse a las leyes. “Se harán las evaluaciones que correspondan y serán los ministerios y las autoridades las que decidan el futuro de esta empresa”, afirmó. Cree que no es correcto que por intereses particulares se suspendan beneficios y el derecho a hacer minería en el país. Expresó que la empresa está dispuesta a hacer todo lo necesario para que se corrijan los impactos ambientales propios de la actividad.
Finalmente, dijo el empresario que la CECAL se reunió el 11 de agosto en Otavalo con los Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales, la Secretaría de los Pueblos, la Secretaría de Transparencia, comuneros de Barcelona, la Junta Parroquial de Selva Alegre, representantes de las demás comunidades de Selva Alegre y asambleístas. Como resultado, se acordó una inspección de la mina. 

Los presidentes de la Junta y la comunidad responden
El presidente de la comunidad de Barcelona indicó a este medio que son las asambleístas Marisol Peñafiel y María Augusta Calle que ayudaron a los tres presos a salir de la cárcel. Según el señor Erazo, en los artículos 78, 115 y 117 de la Constitución, constan los causales para cancelar la concesión minera.
Es falso que la empresa CECAL haya presentado documentos a la Junta de Selva Alegre, dijo su presidente Vladimir Santander en una entrevista con el Periódico ÍNTAG el 19 de agosto. Afirmó que lo que la empresa ha hecho, en su desesperación, es presentar el título minero pero no ha presentado el permiso ambiental. Además, ha enviado informes del Ministerio del Ambiente en los que consta la ausencia de la licencia ambiental. La razón por este vacío es que requiere conversar con la comunidad, algo que la empresa se rehúsa porque los comuneros van a poner condiciones. Lo que la empresa “más bien ha estado buscando es cómo los ministerios le apoyen”.
En cuanto a las regalías que pagan las empresas La Farge (la cementera) y CECAL, dijo que el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables le presentó cifras “irrisorias”. En los documentos consta que la empresa CECAL en el 2009 declaró 14 mil dólares en regalías. La Farge, por su parte, en el mismo año declaró apenas 19 mil dólares en regalías para Selva Alegre y el Municipio de Otavalo. Argumentó que entre el Municipio y la Junta recuperar el 60 por ciento de esos dos montos ínfimos es injusto. Para colmo, aseguró que en el Ministerio mencionado le dijeron que todavía no pueden cobrar ese dinero porque no hay una tabla en que basarse para recuperarlo.
En cuanto a otros beneficio, las dos empresas han apoyado para eventos deportivos o pequeñas infraestructuras. Los montos han sido “muy pequeños”, en especial de la empresa CECAL, afirmó.
Dijo, asimismo, que la Junta Parroquial en ningún momento ha recibido de la CECAL un centavo de las utilidades de los trabajadores. “Eso es falso, no ha llegado absolutamente nada”.
Por otra parte, el señor Santander dijo que preguntó en el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables para qué están las empresas en la parroquia si no existen beneficios. Señaló que un delegado del Ministerio le dijo que las minas no son de la parroquia sino del Estado y éste tiene que recuperar todo y luego repartirlo. El señor Santander afirmó que, desde su punto de vista, las empresas mineras están sólo para saquear los recursos naturales.
Otro acontecimiento “horrible” que mencionó el presidente de la Junta es la supuesta construcción de 35 viviendas por parte de la minera. Dijo que a mediados de agosto, llegaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) para constatar el hecho. Según el señor Santander, el MIDUVI construyó las 35 casas  gracias a la gestión de la Junta; la empresa CECAL no ha construido “ni una sola vivienda” en la parroquia.
En cuanto a la versión de los comuneros de que la Junta sí se reúne con la empresa, el señor Santander afirmó que es falso. Recordó que él es una persona que apoya el tema ambiental y no estaría para reunirse con la empresa. Sin embargo, los vocales Nelson Troya y Diego Nogales sí se reúnen con la minera, pero a invitación de ésta.
Por otro lado, indicó que no puede apoyar a un paro, según las leyes. Sin embargo, la Junta está dispuesta a mediar una solución. Sugirió que esto será difícil porque es probable que los ministerios competentes le protejan a la empresa. Afirmó que la comunidad de Barcelona sí está abierta al diálogo pero que la empresa no ha dado una respuesta favorable.
Finalmente, el señor Santander afirmó que son las parroquias de Selva Alegre y García Moreno las que sienten con mayor fuerza los problemas que suscita la minería.

La historia continúa…