PERÚ-MATAN A CAMPESINOS QUE DICEN “NO” A LA MINERÍA
La Policía asesinó a dos campesinos en el noroccidente del Perú durante la última semana de noviembre. Este es el capítulo más reciente en la oposición que los campesinos de la provincia de Huancabamba iniciaron hace seis años a una mina de cobre y molibdeno y que ha cobrado siete vidas. Las empresas Concorcio Zijin, de China, y Monterrico Metals, del Reino Unido, son los dueños del proyecto minero Río Blanco.
Siete muertes
Vicente Robledo Ramírez, de 55 años, y Castulo Correa Huayama, de 36 años, murieron en un enfrentamiento con la Policía Nacional mientras otros seis resultaron heridos y dos fueron detenidos a fines de noviembre. Mientras un portavoz de la Policía reportó que varios agentes sufrieron heridos, no ofreció detalles. Durante el último fin de semana de noviembre, unos 2000 campesinos asistieron al entierro de víctimas. El señor Robledo deja a ocho hijos y el señor Correa a seis en la orfandad.
Siete personas han fallecido en la zona en los últimos años debido a la presencia de la minera: el 1 de noviembre, dos guardias de seguridad y el gerente del campamente minero murieron en un asalto perpetrado por personas no identificadas. La Policía Nacional investiga el hecho. Asimismo, en 2004 y 2005 murieron dos campesinos durante manifestaciones cuando las autoridades respondían con mano dura.
Empresa perdió consulta
Durante seis años, las comunidades han manifestado en contra de una mina de cobre y molibdeno propuesta por las empresas china e británica debido a los impactos que tendrías en sus parcelas y en las fuentes de agua. Como resultado, las empresas no han recibido el apoyo del 66 por ciento de las asambleas requerido por la Ley. El 16 de septiembre de 2007, tres distritos rurales en las provincias de Huancabamba y Ayabaca participaron en un referéndum cuzos resultados confirman la oposición a la mina por parte de la mayoría de la población. Desde ese momento, unos 300 líderes locales han sido enjuiciados como parte de una campaña de intimidación.
Javier Jahncke, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), cree que le investigación del asalto en el campamento minero el 1 de noviembre es otro elemento en la estrategia de intimidación. Hasta la empresa Monterrico Metals se ha distanciado de las acusaciones en contra de los comuneros. Lo que es más, la empresa agradeció a las comunidades por la ayuda que ofrecían a los empleados que huyeron de los asaltantes. Según el señor Jahncke, las autoridades no están investigando otras posibles explicaciones por el asalto, que incluyen robo y disputas entre los empleados.
Por su parte, una diputada que representa el departamento de Piura denunció que la Policía ha detenido y torturado a personas de las comunidades a fin de que confiesen su supuesta participación en los acontecimientos del 1 de noviembre.
Juicio con fundamentos
Otro elemento sospechoso del ataque es que, unos días antes del incidente en el campamente, la Corte Superior inglesa congeló los activos de Monterrico Metals. La decisión es el resultado de un juicio presentado por 29 campesinos de Piura quienes acusan a la empresa de abusos en Río Blanco en 2005. Según el Corte, el caso de los campesinos se basa en “buenos argumentos”. “El juicio ha afectado seriamente a la imagen de la empresa Monterrico Metals y, por su asociación, a la Zijin”, según el señor Jahncke. Como resultado, el portavoz de FEDEPAZ interpreta la muerte de los dos campesinos como parte de un intento de imponer “a rajatabla” la mina. Para lograr este fin, las autoridades están creando la imagen de comunidades campesinas inmanejables. Asimismo, el primer ministro peruano estudia la posibilidad de militarizar la zona.
Fuentes: Perú: Violence Targets Anti-Mining Activists, Jennifer Moore,
http://upsidedownworld.org/main/content/view/22441/, 7 de diciembre de 2009