POR UNA LEY RESPETUOSA DE LAS COMUNIDADES Y LA NATURALEZA

Los participantes de Intag subrayaron una falta de consulta por parte de Ascendant Copper durante su estadía en la zona (Alexandra Goldstein)

Cientos de ecuatorianos y ecuatorianas llenaron el Centro Histórico de Quito lunes el 21 de abril, para mostrar su apreciación frente al nuevo Mandato Minero aprobado por 95 de los 130 asambleístas el 18 de abril. El mandato que, según Marta Roldós, asambleísta por Guayas, es un paso importante, declara la extinción de 4 274 concesiones mineras. Incluye aquellas cuyos concesionarios no han invertido hasta diciembre de 2007, las que no cuentan con Estudios de Impacto Ambiental (EIA), las que no han llevado a cabo la consulta previa, y las que se encuentran dentro de áreas protegidas, parques nacionales, bosques protectores, y que afectan a fuentes de agua.

Asambleístas preocupados por el agua
El evento comenzó en el Teatro Prometeo donde estaban algunos delegados de la
Asamblea Constituyente. Abel Ávila, asambleísta por Esmeraldas, subrayó que el nuevo mandato es un hecho muy positivo en cuanto a la protección del agua. También declaró que la próxima constitución del Ecuador será la primera constitución del mundo que califica a la naturaleza como sujeto de derechos.
Marta Roldós, asambleísta por Guayas, opinó además que el Ecuador está a punto de una transición profunda: “Estamos en un cambio de época”, firmó. Asimismo, añadió que la lucha en contra de la minería es un asunto de salud, de protección ambiental y, sobretodo, de soberanía. Es una cuestión del desarrollo que queremos, afirmó.

Ambos asambleístas reconocieron que el Mandato Minero representa un paso importante en contra en la lucha contra la minería, pero que no la resuelve de manera definitiva, y que el pueblo tendrá que defender sus derechos en la calle.

En este mismo sentido, Humberto Cholango, portavoz de la ECUARUNARI, agrupación de organizaciones de pueblos Kichwa de la Sierra, afirmó que no sirve esperar a ministros o secretarios para que hagan respetar la ley, que el pueblo es el que tiene que hacerla respectar.

“Queremos chicha, queremos maíz…”
Después de los discursos, la gente entró a la calle para marchar al Palacio de Carondelet, en donde esperaba expresar su posición al Jefe de Estado. La muchedumbre llenaba las calles desde el Teatro Prometeo hasta la Plaza Grande. Dentro de la multitud había una energía alegre con música y tambores, serpentinas llenas de colores y consignas como:”Queremos chicha, queremos maíz, fuera minería de nuestra país” y “La patria no es de todos mientras los mineros no se vayan todos”. Contribuyó el centenar de inteños e inteñas que participaban con pancartas y lemas que decían: “Respetar la Constitución es respetar nuestros derechos”; “Nunca nos consultaron sobre las concesiones mineras en la zona de Intag”; “¡No queremos minería!”

La marcha terminó frente al Palacio de Gobierno donde, presionado por la multitud, un asesor del Gobierno recibió a una delegación de manifestantes. Los representantes explicaron lo que el pueblo quiere: un país libre de minería a gran escala y el respecto de la Constitución.

Luís Robalino, concejal de Cotacachi, expresó dudas sobre la posición del presidente Correa, quien insiste que habrá minería en el Ecuador, pero con mayor control y mejor tecnología. Preguntó a los inteños e inteñas: “¿Qué capacidad de control hay? Ninguna. ¿Qué tecnología limpia hay? Ninguna”.

Mientras el Mandato Minero ha aliviado la amenaza que pendía sobre miles de comunidades, ríos y bosques, la nueva Constitución todavía tiene que ser elaborada y aprobada en un plebiscito este junio. A partir de este momento, se elegirá un nuevo Congreso que tendrá 180 días para aprobar una nueva Ley de Minería. Entonces, como dijo el señor Cholango, el siguiente paso en esta lucha sería por una ley respetuosa de la naturaleza y las comunidades.

Nace la Asamblea de los Pueblos
La marcha en Quito fue planificada durante una reunión dedicada a la evaluación de este Gobierno y la Asamblea Constituyente, hecha por dirigentes de comunidades afectadas por empresas mineras, camaroneras, madereras y palmicultoras. El evento,  celebrado el 4 de abril, vio la creación de la Asamblea de los Pueblos por la Defensa de la Tierra, del Agua, de los Bosques, del Manglar, que agrupa un amplio abanico de organizaciones y comunidades amenazadas por actividades extractivistas. El encuentro tuvo lugar en el auditorio Jorge Icaza, de la Casa de la Cultura en Quito, convocado por la organización ambientalista Acción Ecológica.

El iniciar la reunión, Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), explicó que hacía falta este análisis, sobre todo en relación a la minería, porque el Gobierno le está “dando vueltas” y todavía no hay un pronunciamiento claro.  Por su parte, los dirigentes denunciaban los atropellos que sufren por las transnacionales.

Ecuador tiene su FARC
En una dura crítica al Gobierno, el alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, dijo que el presidente Rafael Correa ya había revelado su posición frente a las industrias extractivas al indicar que “sería imbécil no utilizar los cien mil millones de dólares” que generara el campo petrolero Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT). Este campo se ubica en el territorio de unos pueblos indígenas que rehúsan todo contacto con el mundo en su alrededor y la explotación del petróleo conllevaría a su extinción.

El presidente Correa promueve actividades extractivistas porque, según el alcalde, su política populista requiere de grandes recursos. Por eso, descalifica a las personas opuestas a la minería, tachándoles de infantiles. El burgomaestre criticó al jefe de Estado por no proponer un verdadero cambio, y advirtió que existen dos alternativas: o seguirle creyendo al Gobierno o “prepararnos para una lucha radical y frontal” contra el “Frente de Amigos de Rafael Correa”, el FARC ecuatoriano. Indicó, además, que según Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente, las transnacionales han destinado trescientos millones para comprar a los asambleístas y hacer redactar una constitución que les favorezca.  

Que nos dejen en paz                   
En una entrevista con el periódico INTAG, Salvador Quishpe, Coordinador del Frente de Resistencia Sur, dijo que el deseo de las comunidades es que “se vayan las empresas mineras extranjeras que han manipulado la economía y las políticas de este país” y que “nos dejen en paz”. Acusó al Estado de ser el principal traidor de los ecuatorianos, entregando “miles de hectáreas a empresas extranjeras”. Señaló la experiencia de la explotación petrolera como la base de la resistencia a la minería: pese a las promesas de trabajo y desarrollo, el resultado ha sido contaminación, destrozos y mayor pobreza para las comunidades afectadas.

Lo que preocupa al doctor Quishpe es que, pese a calificarse como “un Gobierno de la ciudadanía, de la participación social, un Gobierno que está con las puertas abiertas”, este Gobierno no ha hecho una consulta, sino quiere imponer.  

Según el dirigente indígena, una salida pacífica al tema minero será que el presidente Correa dicte la caducidad de todas las concesiones mineras. Aseguró, además, que si no hay una solución, “un levantamiento resolverá el problema”. Dijo que la petrolera Occidental no fue echada por el Gobierno sino por el pueblo, y que haría lo mismo para deshacerse de las mineras.

Resoluciones de la Asamblea
La declaración que salió del encuentro, firmada por los y las asistentes, denuncia que, luego de un año, el Gobierno de Rafael Correa “empieza a faltar al principio de coherencia demandada por todo el pueblo” que lo llevó a la presidencia. En este sentido, afirma que el jefe de Estado se ha convertido “en el mejor relacionador público que pudo haber encontrado la Cámara de Minería”. Indica, además, que “ha guardado silencio sobre la privatización del recurso hídrico” y, como resultado, se han dado “profundos conflictos sociales”. Asimismo, ha diseñado un “plan forestal extensivo con especies perjudiciales al suelo y un agresivo plan de agro combustibles por sobre la necesidad de la soberanía alimentaria de nuestra población”. De la misma forma, la declaración denuncia las actividades camaroneras, la criminalización de la protesta, la represión en los casos de Dayuma y Victoria del Portete.

En respuesta a éstas y otras posiciones y acciones del gobierno, se crea la Asamblea Permanente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra, del Agua, de los Bosques, del Manglar. Sus metas serán trabajar por un Ecuador “plurinacional, soberano y ecológico” fundamentado en el respeto de todos los pueblos del país; exigir que se investiguen los casos de persecución por defender la vida y la Naturaleza; demandar que se ponga fin a la criminalización de la lucha; rechazar la campaña de desprestigio, por parte del Presidente de la República y su equipo, en contra de los/las líderes sociales defensores/as del patrimonio natural; fomentar la revocatoria de las concesiones mineras, hidroeléctricas, forestales, petroleras, camaroneras; garantizar el acceso y uso de los recursos naturales para los pueblos; declarar al agua y el acceso a la tierra derechos fundamentales; exigir el derecho a ser consultados, con derecho a veto sobre cualquier proyecto que pueda atentar contra la vida y la soberanía de los pueblos.